BUENOS AIRES (ANP) Los recursos del presupuesto 2023 que fueron prorrogados para el presente ejercicio se terminarán de ejecutar para mediados de mayo o junio y el gobierno del presidente Javier Milei se enfrenta al dilema de presentar un proyecto de ley o bien recurrir al mecanismo habitual de ampliarlo mediante uno o varios decretos de necesidad y urgencia.
Todo parece indicar que será la segunda de las opciones la elegida, en un contexto en el que, más allá de las declaraciones y los intentos de acercamiento, la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo frena cualquier iniciativa que requiera de la aprobación del Congreso.
Según el último informe de la consultora Economía & Ética, dirigida por Diego Giacomini, la ejecución de los gastos y recursos del presupuesto supera de manera ostensible los porcentajes esperados en relación con el tiempo transcurrido, algo que suele ocurrir en ejercicios en los que se aplica un presupuesto prorrogado, básicamente por los desfases derivados de una inflación no contemplada en la ley original.
En base a los datos del Presupuesto Abierto, al 18 de marzo (21,3% de los 366 días de 2024), se ejecutó el 29% del gasto y se utilizó el 49% de los recursos, lo que hace prever un arduo trabajo de los técnicos del área de Hacienda, ya sea para elaborar un proyecto de ley o para elaborar una batería de DNUs para el segundo semestre.
Entre esas dos opciones, Giacomini no tiene dudas: «el PEN no mandará Presupuesto 2024, porque si lo hace se le cae el principal instrumento de ajuste fiscal: no gastar y asignar los recursos discrecionalmente sólo a lo que quiere y a quien desea». En otras palabras, la continuidad y eventual profundización de la «motosierra» y la «licuadora» cuenta con un reaseguro mayor con los DNUs que con una nueva ley, sometida a la discusión de una de los principales blancos del ajuste: las provincias, representadas en el Congreso por un Senado en el que La Libertad Avanza no alcanza a contar siquiera con el 10% del total de sus integrantes.
«En junio (de) 2024 se acabarían los recursos presupuestados, con lo cual el jefe de Gabinete podría asignar discrecionalmente los recursos entre junio y diciembre 2024; es decir, pagar ‘lo que quisiera’ y no pagar ‘lo que no quiere'», planteó el economista, para quien, si se recurre a la opción del proyecto de ley, «obviamente, lo más probable es que se venga otra contienda muy fuerte en el Congreso».
Si se prefiere la opción de los DNUs, «la política fiscal pasaría a ser totalmente discrecionalidad del PEN, lo cual el presidente juzga esencial para su ajuste fiscal», explicó.
No sería más que extender los ajustes que se vienen aplicando en el primer tramo del mandato de Milei. Aunque nada es eterno y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en pocos días tendrá que comenzar las tareas iniciales para la elaboración del proyecto de ley de Presupuesto 2025.