BUENOS AIRES (ANP) La probable sanción de una reforma laboral que convalide la indexación de los montos a pagar en juicios laborales encendió las luces de alerta entre las pymes y fue motivo de reclamo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que propuso volver al criterio histórico de actualización por tasas bancarias.
La propuesta de CADAM forma parte de un conjunto de medidas sugeridas en el inicio del debate en torno a la reforma o modernización laboral, que el Gobierno aspira a que se apruebe en sesiones extraordinarias, una vez que se sancione la ley de Presupuesto.
Si bien el líneas generales la entidad apoya la iniciativa oficial por entender que «actualizar las normas puede ayudar a ordenar el sistema, dar más previsibilidad y reducir conflictos», también reclamó «un debate profundo y un marco legal claro y moderno» para poder contar con «una legislación laboral nueva, actualizada y pensada para la realidad de hoy y de los próximos años».
En ese sentido, advirtió que «en la práctica, muchas empresas —sobre todo PyME— enfrentan condenas judiciales que se vuelven imposibles de pagar», algo que «no sólo pone en riesgo a las empresas, también termina poniendo en riesgo los puestos de trabajo».
«Nos preocupa especialmente que se intente oficializar como método de actualización de condenas laborales la combinación de IPC (INDEC) más una tasa de interés. No estamos de acuerdo con convertir en regla la indexación por un índice más intereses, porque esto multiplica las condenas de manera desproporcionada y puede llevar al cierre de empresas», alertó, además de señalar que «este esquema se contrapone con normas vigentes que prohíben indexar sumas de dinero», establecidas en la ley 23.928 y modificatorias.
Como propuesta alternativa, la cámara planteó «que se vuelva a aplicar un sistema basado en tasas bancarias, promediando tasas activas y pasivas, como se utilizó históricamente, una modalidad que, entendió, «permitiría montos más razonables y previsibles».
Asimismo, propuso derogar el artículo 9 de la Ley 14.250, que habilita “cuotas solidarias”, “cuotas sociales” u otros aportes a favor de sindicatos que terminan siendo un costo adicional y que «en muchos casos, estas cargas se fijan en negociaciones donde gran parte de las empresas no están representadas y además resulta difícil controlar el destino de esos fondos».
«Los aportes o contribuciones patronales especiales previstos en convenios colectivos cualquiera sea su nombre u objetivo, incluidos los destinados a capacitación, sostenimiento o creación de instituciones, o beneficios para cámaras y asociaciones, deben ser estrictamente voluntarios», remarcó la entidad.
En ese orden, también planteó que «el empleador no esté obligado a retener cuotas de afiliación sindical» y si un trabajador decide afiliarse «debe pagar directamente a la entidad gremial, que debe encargarse de su control y cobranza».
En cuanto a la denominada «industria del juicio», expresó su apoyo las medidas para «reducir litigios injustificados», en especial «si se demuestra que hubo un reclamo exagerado o sin sustento (“plus petición inexcusable”)», para lo que piden que «las costas sean asumidas en forma solidaria entre la parte demandante y su abogado, para que haya responsabilidad real por demandas desmedidas».
«También apoyamos modificar el procedimiento laboral para que el avance del juicio dependa del impulso de las partes y pueda plantearse la caducidad de instancia cuando un expediente queda sin movimiento, evitando procesos eternos», agregó CADAM.
Como corolario, la cámara sostuvo que su objetivo con las iniciativas sugeridas es «simple» y consiste en «una legislación moderna, clara y equilibrada, que proteja derechos, reduzca conflictos, evite abusos y permita que las empresas —especialmente las PyME— puedan seguir produciendo y sosteniendo empleo».
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