BUENOS AIRES (ANP) La decisión del gobierno de La Rioja de emitir una cuasimoneda esconde una de los principales obstáculos que la mala implementación del federalismo fiscal impone a las posibilidades de desarrollo en el interior del país: la provincia no puede aducir problemas de financiamiento por parte de la Nación porque recibe el doble de recursos por habitante que el resto del país, pero al mismo tiempo también cuenta con el doble de empleados públicos per capita.
Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) reveló que en 2023 «el conjunto de las provincias argentinas recibió de la coparticipación $42.000 por persona y tiene en promedio 50 empleados públicos por cada 1.000 habitantes», pero en el mismo período «La Rioja recibió $94.000 por persona y tiene 114 empleados públicos por cada 1.000 habitantes», lo que deja en evidencia la disparidad tanto en la percepción de recursos como en la dimensión de la administración pública provincial.
Es por esa razón -entre otras- que IDESA plantea que el proyecto de ley ómnibus, pese a que avanza en varios aspectos impositivos «elude un ordenamiento integral del sistema tributario», una «debilidad» que, a criterio de la entidad «debería ser rápidamente subsanada», por entender que «el desarrollo general del país, en especial de las regiones más pobres, depende de desactivar los perversos incentivos que genera la coparticipación».
«El principal problema de La Rioja no es la insuficiencia de recursos sino el exceso de empleo público», cuestionó, aunque advirtió que su caso «no es único» sino que por el contrario «otras provincias también son muy beneficiadas por la coparticipación –Catamarca, Santa Cruz y Tierra del Fuego– y tienen más de 100 empleados públicos por cada 1.000 habitantes», lo que conlleva el riesgo de que «otras provincias imiten a La Rioja» en la emisión de cuasimonedas.
Para IDESA, «los excesos de gasto público, en particular de empleo público, son promovidos por los incentivos que genera la coparticipación de impuestos nacionales», diseñada «en base a parámetros muy arbitrarios», ya que sin que medie explicación «algunas provincias reciben muchos más recursos que los que aportan, sin ningún condicionante».
«El exceso de financiamiento estimula y posibilita a los gobiernos provinciales a ejecutar prácticas clientelares. La expansión de la planta de empleados públicos para eternizarse en el poder es sólo un ejemplo. Ser privilegiada por la coparticipación es un factor de atraso porque induce a malas prácticas de gestión», sostuvo IDESA.
Es por esa razón que la institución dirigida por Jorge Colina advirtió que «los daños que provocan las cuasimonedas no se evitan aumentando las transferencias nacionales. Todo lo contrario, mientras más recursos se envíen más se incentiva el derroche de fondos públicos».
Para solucionar el problema, el Instituto propone «un ordenamiento tributario que elimine la coparticipación» y que «en lugar de centralizar la recaudación de impuestos nacionales para luego distribuirlos entre el Estado nacional y las provincias con criterios arbitrarios, hay que distribuir las fuentes tributarias».
«Bajo esta lógica, las provincias pasan a autofinanciarse con la totalidad del IVA que se genere en su territorio unificado con Ingresos Brutos. La recaudación sigue siendo centralizada, solo que la distribución no es por coparticipación, sino que va a la provincia donde se generó el valor agregado», indicó, además de aclarar que «para las provincias con menor nivel de desarrollo hay que contemplar un Fondo de Convergencia que le permita seguir funcionando con normalidad, pero que a la vez le imponga la condicionalidad de aplicar una estrategia de desarrollo realista y verificable».