BUENOS AIRES (ANP).- Las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela generan un gran desafío para el presidente Nicolás Maduro, criticado por líderes de izquierda luego de que fuera proscripta la principal candidata de la oposición venezolana, María Corina Machado.
Aunque la maquinaria estatal del gobierno chavista controla todos los resortes de los comicios, la oposición parece encolumnarse detrás del ex-embajador venezolano en argentina (1998-2002) Edmundo González Urrutia, de 74 años, el candidato de Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Esta situación, según algunos analistas, podría jugar a favor de Urrutia, ya que según la encuestadora Datincorp triplica en intención de votos la reelección del postulante del Partido Socialista Unido de Venezuela.
La consulta, realizada el pasado 28 de abril en base a 1200 entrevistas, otorgó a González Urrutia el 62% de preferencia contra el 20% de Maduro.
En las lecciones de 2018, en las que el mandatario chavista logró su reelección con más del 67% de los votos, con solo una participación del 46,02%, la oposición se presentó separada. De todos modos, Maduro conserva un gran respaldo en la población y controla a las fuerzas armadas.
Aun así, Venezuela parece ser el lugar elegido por la izquierda latinoamericana para empezar a hacer una autocrítica luego de la proscripción de Machado, favorita para enfrentar al líder chavista tras ganar las primarias con más del 92% de los votos en octubre.
La ex-diputada de la Asamblea Nacional designó en su lugar a Corina Yoris, pero la postulante tampoco pudo inscribirse en el registro electoral.
La proscripción de Machado no fue bien vista ni por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, ni por su colega colombiano Gustavo Petro, dos gobiernos de izquierdas que aún respaldan a Maduro cuando es calificado de “dictador” por Estados Unidos o la Unión Europea.
En esta ocasión, Maduro prefirió no responderle a su amigo Lula, pero en cambio arremetió contra Petro al que incluyó en la “izquierda cobarde”, refiriéndose a los gobiernos que no condenan los supuestos intentos de atentados en su contra.
El líder colombiano, que había pedido un proceso electoral limpio y competitivo en Venezuela, no se quedó callado: “No hay izquierda cobarde, hay la probabilidad de, a través de profundizar la democracia, cambiar el mundo”.
Maduro gobierna Venezuela desde mediados de abril de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo del mismo año. Según un informe de la ONU de 2023, Venezuela continúa “cometiendo graves violaciones a los derechos humanos”.
El 17 de octubre pasado, Maduro y la oposición venezolana firmaron los Acuerdos de Barbados en Bridgetown, la capital de ese país caribeño, para promover los derechos políticos y las garantías electorales para la próxima votación presidencial.
Sin embargo, a raíz de los incumplimientos electorales de Caracas, Estados Unidos restableció a mediados de abril las principales sanciones contra ese país que impiden a Chevron y a otras empresas realizar negocios y transacciones sobre petróleo y gas con la compañía estatal venezolana.
De acuerdo a un informe de la ACNUR, la organización de la ONU para los refugiados, difundido en septiembre de 2023, más de 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela en los últimos años, buscando una vida mejor en varios países de América Latina y del Caribe, entre ellos Chile, Colombia, Brasil y Argentina.
El primero de marzo, la cámara de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó un pedido de Venezuela para frenar una investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro.
Venezuela, sin embargo, opina que la CPI está usando los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos contra ese país sudamericano.
“Ha quedado demostrado la politización de este órgano de justicia que además es negligente y demuestra inactividad frente al genocidio en Palestina donde el gobierno sionista de Israel ha asesinado a miles de niños y mujeres, frente a la mirada cómplice de la justicia internacional”, dijo en un comunicado la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
No son nuevas las críticas por la violación de los derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada de la ONU, la ex.presidenta chilena Michelle Bachelet denunció hace cinco años que hubo más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, entre enero de 2018 y mayo de 2019.
El expresidente José Mujica, un hombre relacionado en su momento con Maduro, declaró en febrero pasado: “En Venezuela hay un gobierno autoritario y se lo puede llamar dictador o llámenlo como quieran”.
También algunos cantautores, como el español Joaquín Sabina, han criticado a la izquierda latinoamericana: «Fíjate en lo que está sucediendo hoy mismo en Venezuela. O en lo que ha quedado de la Cuba castrista, que fue la revolución de mi juventud. Es tremendo lo mal que envejecen las revoluciones… Incluso peor que las personas».