BUENOS AIRES (ANP) El primer año de gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía tuvo a la inflación como uno de sus principales aliados para realizar un recorte real del gasto de más de un billón de pesos, con los subsidios a la energía y las transferencias a las provincias como uno de sus ejes principales, aunque en ninguno de los dos casos comparables con la retracción operada en los gastos sociales y previsionales.
A valores constantes de 2023, el recorte entre el acumulado a julio de 2023 y el mismo período de 2022 ascendió a $1.081.387 millones en el gasto total y a $1.386.818 millones en el primario. De esos montos, la suma de los recortes aplicados a programas sociales, asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones alcanzó a $839.344 millones, es decir el 60,5% de los gastos primarios y el 77,6% de los totales.
El detalle por rubro deja a los subsidios energéticos en el primer puesto, con un recorte real de $440.411 millones, aunque del segundo a cuarto lugar están los tres rubros sociales y previsionales: Programa sociales (-$330.068 millones), Asignaciones familiares (-$268.145 millones) y Jubilaciones y pensiones (-$241.131 millones).
Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto total de la Administración Nacional registró una caída real de 6% en los primeros siete meses del año, con una reducción del 8,3% en los gastos primarios y un alza del 21,2% en los intereses de la deuda.
«Dentro de las erogaciones primarias se destacan las reducciones en las transferencias a provincias (28%), en las asignaciones familiares (25,3%), en los subsidios a la energía (22,9%) y en los programas sociales (21,3%)», precisó el ente bicameral, que acotó que «en el caso del rubro jubilaciones y pensiones, si bien la variación real fue menor (3,8%) , resultó el cuarto rubro de mayor contribución a la reducción del gasto dada su participación en la estructura del gasto primario (39,7%).
Contrastando esta dinámica, los intereses de la deuda (21,2%), las transferencias a universidades (12,4%), los subsidios al transporte (12,2%) y los gastos en personal (8,2%) presentaron subas con relación a la ejecución de un año atrás.
El ajuste en las jubilaciones, explicó la OPC, obedeció «principalmente por el diferencial entre la actualización de los haberes por aplicación de la fórmula de movilidad y la inflación (81% vs 108,9%)», aunque ese factor contractivo «fue compensado parcialmente por la aplicación de bonos compensatorios otorgados a los jubilados y pensionados de menores ingresos, por el incremento en la cantidad de beneficiarios del régimen general ANSES y por el aumento real del gasto en las prestaciones del personal retirado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad».