Los subsidios del Estado nacional destinados al sector energético acumulados desde 2002 hasta 2022 ascienden a aproximadamente US$ 110.000 millones y su perdurabilidad es fruto de un modelo de «trampa política» que una vez que alcanzan dimensiones considerables, se impone el temor a eliminarlos «por el costo en término de votos».
El análisis forma parte del último informe del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFIP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, elaborado por Alberto Porto y Jorge Puig.
Un repaso de la relación entre las tarifas y el costo de explotación desde 1992 (inicio del proceso de privatización del servicio de distribución de energía eléctrica) hasta el año pasado, permite observar «ciclos bien pronunciados y determinados por diversos objetivos», indicaron los autores.
«Entre 1992 y 2001, la evolución de precios y costos se ajusta al modelo de precios eficientes; entre 2002 y 2015 los resultados se ajustan al modelo de consideraciones distributivas y motivación política (votos); entre 2016 y 2019 predomina la restricción presupuestaria y el retorno a los precios eficientes; desde 2020 vuelven las consideraciones distributivas y políticas», sintetizaron.
Porto y Puig precisaron que «cuando los precios son menores a los costos, la diferencia se cubre con subsidios cuya magnitud puede percibirse más claramente si se calcula el margen entre el precio y el costo como porcentaje del precio pagado por los usuarios».
Esa relación queda en evidencia en cada una de las etapas mencionadas: «precio igual al costo hasta 2001; brusco desacople de los precios respecto a los costos hasta 2015; recupero por parte de los precios hasta 2019 y nueva caía hasta 2022», señalaron Porto y Puig, que destacaron que «el subsidio máximo como porcentaje del precio se registró en 2015» y fue por entonces «más de 6 veces el precio pagado».
Para determinar el monto de subsidios acumulados a lo largo de dos décadas, los investigadores combinaron «la información de precios y costos con las cantidades operadas en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), excluyendo la demanda de grandes usuarios».
En ese marco, se pasó del equivalente al 0,1% del PIB en 2002 hasta 1,1% en 2015, se redujeron a 0,6% para 2019 y en 2022 se ubicaron en 1%.
«Expresando los montos anuales de subsidios en dólares del año 2022, la cifra acumulada desde 2002 oscila los 110 mil millones de dólares», remarcaron Porto y Puig.
En base a un estudio del economista de FIEL, Santiago Urbiztondo, se comprueba el «resultado interesante» que es que «en el período 1992-2001 (precios eficientes) el costo por MWh disminuye año a año», pero a partir de 2002, cuando se inicia la política de subsidios, ese costo «comienza a aumentar debido los escasos incentivos de las empresas para lograr una eficiente asignación de los recursos».
Porto y Puig se preguntan «cómo pueden elegirse políticas tarifarias de mala calidad a lo largo de tanto tiempo» y, en base a un estudio de Tomás Bril Mascarenhas y Alison Post, proponen que «el nacimiento, crecimiento y mantenimiento de los subsidios se puede explicar con un modelo de ‘trampa política'», ya que «nacen ante ‘shocks’ de precios en algunos productos que son importantes en el presupuesto de los consumidores, crecen, y luego hay temor a eliminar esos subsidios por el costo en términos de votos. Esto hace irreversible a la política pública».
«Asignar financiamiento a subsidiar un bien o servicio (en este caso un bien privado con externalidades, como es la energía eléctrica) implica dejar de financiar bienes públicos (que son consumidos por el conjunto de personas, también con fuertes externalidades)», plantearon, al tiempo que señalaron que la solución al problema «es una tarea para la próxima política tarifaria».