BUENOS AIRES (ANP).- El economista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, sostuvo hoy que quedó demostrado que en la expropiación de YPF hubo intencionalidad del Gobierno argentino de realizar la operación de forma indebida, por lo que consideró que fue un caso de «mala praxis».
En diálogo con CNN Primera Mañana, el experto se refirió al fallo del tribunal de Nueva York a cargo de la jueza Loretta Preska que obligará a Argentina a pagar más de US$15.000 millones al demandante, Burford Capital.
«Fue mala praxis porque hubo intencionalidad de no respetar el estatuto de la petrolera», explicó Maril, a la vez que aclaró que durante el extenso proceso judicial «se demostró y comprobó con datos concretos que intencionalmente el gobierno argentino expropió YPF de manera indebida».
En este sentido, señaló que nunca estuvo en discusión el derecho soberano del país, pero sí estuvo en duda la forma en que se expropió la firma petrolera.
En concreto, el economista detalló que cuando el Gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner expropió YPF no respetó la cláusula 7 y la 28 del estatuto, las cuales establecían que «si Argentina o una empresa en el futuro llegaba a tomar por cesión mayoritaria la empresa, estaba obligado a hacer una oferta por el 49% no expropiado».
Cabe recordar que la operación efectuada en 2012 estuvo a cargo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que entonces ocupaba el cargo de ministro de Economía. Maril dijo que en ese momento «Kicillof asumió que todo el mundo le vendería las acciones al Estado Argentino, pero si se lanza una oferta pública de adquisiciones por las acciones no expropiadas, lo más probable es que un porcentaje más pequeño le hubiese vendido las acciones» al Gobierno.
Según Maril, el camino recomendable ahora es apelar el fallo, aunque también existe la posibilidad de pedir la reconsideración de la sentencia, la suspensión, o directamente negociar. Sin embargo, opinó que el Gobierno no se decidirá por lo último «porque, de hacerlo, admitiría que se equivocó al expropiar YPF de manera indebida en 2012».
Por último, si bien confió en que el Gobierno apelará el fallo, advirtió que ese camino demandaría entre nueve y doce meses, lo que agregaría «intereses a 9% anual y costos legales cerca a los 200 millones anuales solo por patear la pelota hacia adelante».