El gobierno nacional está procurando terminar con los subsidios a los servicios públicos como uno de los elementos centrales del ajuste fiscal. Ello tiene un costo sobre el bolsillo de la población que no tiene un incremento de salarios que suba en la misma magnitud. Para tener una idea de cuánto impacta la quita de subsidios sobre las tarifas de electricidad, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) trazó unas proyecciones basadas en los impuestos que van incluidos en las boletas que pagan los consumidores.
De acuerdo con el relevamiento realizado por la entidad que conduce el economista Nadin Argañaraz, en el caso del interior del país, por cada $1.000 de reducción de ayudas estatales, el consumidor final terminará pagando $1.320. En la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la factura sube $1.480 porque en esa zona los subsidios han sido más altos.
“Es importante recordar que, la carga tributaria indirecta se caracteriza por recaer sobre el precio de un bien y servicio, penalizando a través de su encarecimiento relativo su consumo”, explica el informe.
Hay que tomar en cuenta que en una factura de servicios públicos se incluyen impuestos como el IVA y el Impuesto al Cheque, Ingresos Brutos provinciales, se suman en algunos casos tasas municipales como Seguridad e Higiene.
“En el caso de la energía eléctrica residencial, en el interior del país se consideraron tres tributos específicos: uno provincial y dos municipales, de los cuales uno es la tasa de alumbrado público. En CABA se utilizó un tributo municipal específico”, aclara el informe.
El IARAF indica que “para el ciudadano que vive en el interior del país, la carga sobre el consumo neto de energía eléctrica tiene un peso del 48%”.
“La mayor parte de esta carga indirecta está explicada por el IVA, que representa el 44% de la incidencia total, y el tributo provincial específico, que pondera el 22% del total”, indica el estudio.
En cambio, sostiene que “en Capital Federal, el peso tributario indirecto sobre el valor neto de una factura de luz es del 32%, lo que implica que, al consumo neto de un ciudadano (compuesto por cargos fijos y consumo por kWh), se le carga un 32% de tributos indirectos”.
“El 65% de la carga tributaria está explicada por el IVA, el 20% por el tributo municipal específico (“contribución municipal), el 12% por IIBB y el 3% por impuesto al cheque”, detalla el estudio.
En ese sentido, el reporte detalla que “por cada $1.000 reducción de subsidios, la Nación reduce su gasto en $1.000 y obtiene ingresos extras por $106 (debido al IVA y el impuesto al cheque), las provincias obtienen ingresos extras por $229 (por Ingresos Brutos) y los municipios por $145 (por tasas)”.
“Es decir, por cada $1.000 de reducción de subsidios, el consumidor final ve reflejado un incremento de $1.480 en su factura. En CABA, Nación obtiene ingresos extras por $106 y la Ciudad por $214”, refiere el IARAF al caso específico de Buenos Aires.
Pero el reporte advierte que “esta conclusión genera la posibilidad de que los distintos niveles de gobierno ofrezcan reducciones de carga tributaria o exenciones, de manera tal que sus ingresos mantengan el nivel previo a la reducción de subsidios y que el impacto del incremento del costo del servicio sea menor para el consumidor final”.