Las distorsiones que a lo largo de más de dos décadas dominan la política tarifaria de los servicios públicos quedan en evidencia si se tiene en cuenta que, a pesar de los considerables aumentos de los últimos meses, las tarifas de gas alcanzaron a cubrir el 77% de los costos totales en el primer semestre y, en el caso de la energía eléctrica, apenas el 45%, un promedio de apenas el 61%.
Los datos forman parte de la última actualización del Monitor de Subsidios a la Energía de la Administración Nacional, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que a su vez deja en claro los desafíos que tendrá que cumplir en la materia la próxima gestión presidencial que surja de las elecciones generales de octubre.
El derrotero de los subsidios podría sintetizarse con un inicio a partir de la derogación de la mayor parte de la ley de Convertibilidad y la consecuente renegociación de contratos que estaban con tarifas dolarizadas.
Desde 2002 hasta fines de 2015 se privilegió el congelamiento de las tarifas a pesar de la inflación acumulada en catorce años, aunque con algunos episodios destacables: la advertencia en 2003 del vicepresidente Daniel Scioli sobre la necesidad de contar con tarifas acordes con «un país en serio» (tal el slogan gubernamental de entonces); el freno en la Justicia de una leve adecuación que en 2004 quiso llevar adelante el ministro Roberto Lavagna (a instancia de algunos entes de defensa del consumidor), el intento de ajuste por medio de la «sintonía fina» de principios de 2012 (abortado por la masacre de Once) y el incremento aislado dispuesto en 2014 por el ministro Axel Kicillof.
La asunción de Cambiemos en 2015 intentó solucionar el problema, en un contexto en el que los subsidios económicos ya superaban a todo el déficit primario. No estuvo exento de controversias dentro de la coalición oficialista ni de un fallo adverso de la Corte Suprema, pero en líneas generales se pudo mostrar un cambio de tendencia: en gas, se pasó de una tarifa con una cobertura del 41% de los costos en 2015 al 83% en 2018 y en electricidad del 15% al 65% entre 2015 y 2019.
No obstante, el reinicio del congelamiento -y su contracara inevitable, la suba en los subsidios- no comenzó con la Presidencia de Alberto Fernández sino en el tramo final de la de Mauricio Macri, que en abril de 2019 revirtió tres años y medio de política tarifaria ante el riesgo -finalmente concretado- de perder las elecciones.
Esa decisión de no acompañar la evolución de los costos se mantuvo en la actual administración hasta junio de 2022, cuando se dio inicio a una política de segmentación tarifaria que trajo otra distorsión: además de la brecha entre tarifas y costos, ahora se le suma la existente entre niveles de ingresos.
Así, la cobertura del 83% de los costos por parte de la tarifa de gas en 2018 bajó al 69% en 2022, mientras en que materia de electricidad descendió del 65% en 2019 al 37% en 2021.
En el primer semestre, el grado de cobertura de las tarifas llega al 77% en el caso del gas y al 45% en el de la energía eléctrica, lo que da la pauta de los aumentos que aún faltan aplicar, si es que se aspira a obtener una cobertura plena.