La decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de aplicar una drástica reducción de los subsidios a la energía y el agua de cerca de medio billón de pesos está signado por el momento de más dudas que de certezas a cuatro días de su anuncio, tanto por la evidencia de dificultades políticas dentro de la coalición de gobierno como por indefiniciones en cuanto a su implementación y hasta cuestiones administrativas que podrían demorar, entorpecer y hasta dejar sin efecto las intenciones del flamante jefe de la cartera.
Mientras se esperan definiciones sobre quién será el secretario de Energía -ya van más de 72 horas de una virtual vacancia en el cargo que, nada menos, tendrá que llevar adelante la implementación de la medida anunciada-, a lo que se sumó la marcha atrás en la designación del viceministro -virtual cabeza del Palacio de Hacienda, si se tiene en cuenta que Massa no es economista- Nuevas Palabras pasa a enumerar los puntos que aún esperan una definición:
1.- En su conferencia de prensa, Massa no aclaró si el tope de consumo con subsidio para el nivel intermedio de usuarios de 400 kwh será mensual o bimestral. Ese aspecto no es menor, por el contrario representa el doble o la mitad del consumo con el beneficio y de su definición dependerá tanto el importe de la factura como las opciones de ahorro de energía que llevará a cabo cada familia.
2.- Se aseguró que se busca un ahorro de 500.000 millones de pesos (se supone que anuales, porque en los cinco meses que quedan de 2022 esa suma implicaría la anulación lisa y llana de todos los subsidios energéticos, al transporte y a otras actividades), pero al mismo tiempo la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el 80% de los usuarios quedarían fuera de ese ajuste.
Las dos cosas son incompatibles: en primer término, porque para reducir en un 30% el gasto de subsidios al sector energético, en tanto siga el Gasoducto Néstor Kirchner siga siendo una promesa a futuro, los recortes al beneficio indefectiblemente tienen que ser más amplios que el 20% del excedente de 400 kwh (¿mensuales o bimestrales?) de una franja de usuarios. Pero además, la aceleración de la inflación dejarán desactualizados los incrementos que se resuelvan en los próximos días. A no ser que los 500.000 millones sean en realidad una cifra nominal y no real, en cuyo caso el ahorro no será tal como se presentó.
Quizás un anticipo de ese desfase generado por la inflación ya se haya experimentado con la fórmula de ajustar las tarifas en base a la variación salarial del año pasado. Con una inflación proyectada para 2022 del 90%, el CVS de 2021 (53,4%) pasó a representar el 59,3% de la probable alza de precios minoristas de este año. En consecuencia, el 40% del CVS para la franja de usuarios con tarifa social pasaría a ser el 23,7% de la inflación de este año, en tanto el 80% fijado para el segmento intermedio el 47,7%.
3.- Se aseguró que la quita de subsidios tendrá en cuenta, además de las condiciones socioeconómicas de los usuarios, las diferencias climáticas y de acceso a las redes de gas natural. Podría agregársele a ese punto que muchos edificios construidos en los últimos años no tienen conexión a la red de gas, lo que obviamente implica un mayor consumo de electricidad. Todos estos aspectos acrecientan aún más la incompatibilidad mencionada en el ítem precedente, a lo que debe sumarse que no se determinó cuál va a ser el tope fijado para el consumo de gas.
4.- Sorprendentemente, Gabriel Katopodis, no estuvo presente en el anuncio de Massa ni fue consultado en los días siguientes. Quizás la relación matrimonial del ministro de Economía con la presidenta de Aysa hizo pasar por alto una cuestión elemental: AySA no depende de Economía sino del Ministerio de Obras Públicas. Apenas un factor que no fue tenido en cuenta, además de otros dos, ya que en la mayoría de los hogares usuarios el servicio no es medido, con lo cual no hay posibilidad de ahorro a diferencia del gas y la electricidad.
Pero a diferencia de esos dos servicios, en lo que en rigor no habrá un aumento de tarifas sino un recorte de subsidios, en Aysa ya se resolvió el incremento para este año luego de una consulta en audiencia pública: 20% en julio y 10% en octubre. Cualquier alteración a esos porcentajes sería motivo de más de un reclamo de las asociaciones de usuarios y consumidores.
Todos estos puntos deberán resolverse en una carrera contra reloj, si es que se pretende cumplir con los plazos establecidos. Se torna altamente improbable que este martes se establezca, como se dijo, los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad y el gas para el nivel 3 de ingresos intermedios. Mucho menos, con el detalle por región y, desde ya, pasando por alto que una de las empresas involucradas no se encuentra en la órbita del Ministerio de Economía.
Por otra parte, ¿quién firmará las resoluciones, si es cierto que Darío Martínez ya está fuera de la Secretaría de Energía y aún no se sabe quién lo reemplazará? ¿Cómo tomará Katopodis que Massa haya tomado atribuciones que no les son propias respecto de AySA? Y por sobre todos esos interrogantes: ¿la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistirá pasivamente a una desautorización lisa y llana de la política de subsidios que abordó en sus ocho años de Presidencia?
Muchas dudas y pocas certezas para un tema que es crucial para la mayoría de las familias argentinas.