Buenos Aires, mar 7 (ANP)- El aumento de las retenciones a la soja y la continuidad de las restricciones cambiarias, con un dólar oficial cotizando cerca de un 22% debajo del nivel del paralelo, implica la aplicación de un derecho de exportación efectivo del 48% en lugar del 33% oficial, de acuerdo con las estimaciones de la consultora Invecq.
En ese sentido, advirtió que si el gobierno no repara en ello podría “cometer un grave” y dañar “al sector aportante de divisas por excelencia en la economía argentina”.
La brecha entre el dólar oficial y el paralelo representa un “efecto extra” que “genera una divergencia entre el precio internacional y el recibido por el productor que excede a la alícuota de las retenciones oficiales”, destaca la entidad en su último informe, en el que señala que esa diferencia actúa “como si existiera una alícuota efectiva de retención mayor”.
En consecuencia, una vez descontado el efecto de las retenciones y el efecto cambiario que surge de una cosecha liquidada a dólar oficial al cual luego no se puede acceder para volver a dolarizar los saldos, “el precio recibido por el productor en dólares se encuentra en mínimos históricos comparables con el período final de 2014, el año 2015 y el período del final de la convertibilidad”, completó.
“Con una retención oficial de 33% y con los valores actuales del dólar libre, la retención efectiva al cultivo de la soja sería de un 48% aproximadamente. Para los casos del trigo y del maíz ocurre algo similar, llevando la retención del 12% a un valor superior al 30%”, precisó la consultora dirigida por Esteban Domecq.
Asimismo, si bien las últimas modificaciones al esquema de retenciones podrían derivar en una mejora para determinados productos regionales en relación con los incrementos dispuestos en diciembre, en la mayoría de los casos representarán un costo mayor a los productores en comparación con los derechos de exportación vigentes entre septiembre de 2018 y diciembre de 2019.
Al respecto, Invecq detalló que hubo aumentos en 12 cultivos que “constituyen el corazón del volumen productivo del sector agroindustrial”.
“Los casos más importantes son el aumento de los derechos de exportación de soja en 8,6 puntos porcentuales, maíz, trigo y sorgo en 5,6 puntos porcentuales; y carnes y leche en polvo en 4,2 puntos porcentuales”, señaló.
Para Invecq, el reclamo de los productores agropecuarios “responde a una situación más global” que excede al porcentaje de los derechos de exportación.
En ese sentido, indicó que, a diferencia de las retenciones implantadas por el ex presidente Mauricio Macri, en el actual esquema “no hay ninguna fecha de caducidad establecida”.
“En simultáneo, la suspensión del Consenso Fiscal con las provincias abortó el proceso de reducción de alícuotas de Ingresos Brutos que, para el sector agropecuario, deberían haber llegado al 0% en este año”, añadió.
Por otra parte, “los controles cambiarios y la brecha existente entre el dólar oficial, al que no se puede acceder libremente para atesoramiento, y el paralelo o CCL (contado con liquidación) genera una pérdida adicional para aquellos productores que desean mantener sus ingresos en moneda dura”, especificó.
“Por si esto fuera poco, dado el complejo escenario internacional, los precios de mercado están en retroceso desde hace al menos dos meses y las perspectivas no lucen alentadoras”, señaló en referencia tanto al efecto coronavirus como a la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Invecq agregó a ese contexto la realidad de “un proceso inflacionario que aún no muestra señales duraderas de ser controlado y un cepo cambiario que mantiene la cotización oficial por debajo de la tasa de inflación” , que provocó que “en los primeros tres meses de gobierno el TCRM (tipo de cambio real multilateral) baje un 5%”.
“El gobierno, antes de cumplir sus 100 días en funciones ya ha abierto un frente duro de batalla. Más allá de las cuestiones políticas que puedan alegarse al respecto, lo cierto es que las condiciones internacionales e internas para el sector agroindustrial ya nos son las mismas que en los primeros años del gobierno de Cristina Fernández”, resaltó la consultora, que a su vez alertó que “no reparar en ello podría hacerle cometer un grave error al gobierno dañando al sector aportante de divisas por excelencia en la economía argentina”.