El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, le aplicó una serie de duras sanciones monetarias al Molinos Cañuelas y a todas las entidades que integran la cadena de valor del sector a quien acusa de «ejecutar una práctica concertada de fijación de precios mínimos».
Las penalidades consisten en una multa de $150 millones a Molinos Cañuelas; de $94 millones a la Federación de la Industria Molinera; y de $53 millones a la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias de la Industria Molinera.
A todas las acusa de haber pactado precios mínimos al alza y a su vez intercambiar información sensible que altera el funcionamiento normal de los mercados.
Las sanciones llegaron luego de reuniones que tuvieron los empresarios con Feletti para analizar la evolución del precio de la harina. El funcionario considera que se registraron incrementos no razonables en función del contexto internacional surgido a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que son dos países productores de trigo de importancia global.
Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) señaló en la últimas horas en declaraciones radiales que el precio del trigo experimentó una suba del 38% en las últimas semanas, tras el conflicto armado, pero que no podía explicar por qué una bolsa de harina de 50 kilos pasó a valer de 1.250 pesos a 2.500 en el mismo lapso. Achetoni indicó que eso lo debería explicar la industria molinera.
La resolución, que aparece publicada en el Boletín Oficial, sostiene que de acuerdo a una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, las empresas del sector ejecutaron «una práctica horizontal concertada de fijación de precios mínimos e intercambio de información sensible en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, con afectación al interés económico general, que infringe lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia».
Durante el fin de semana pasado, Feletti se mostró bastante contrariado respecto de la política de diálogo que viene llevando el gobierno con industriales y sindicalistas, a quienes convocó para concertar precios. El secretario de Comercio dijo que si las medidas que él puede aplicar para contener precios «no están en el marco de en un programa macroeconómico consistente vamos a fracasar» en frenar la inflación.
El funcionario estuvo en las última jornadas apuntando a la Mesa de Enlace, al acusarla de pretender «decidir qué tienen que comer los argentinos», aunque al momento de ejecutar su primera medida seria contra un sector no lo hizo contra el primario, sino contra una rama de la industria alimentaria.
Por tratarse de un procedimiento administrativo, es de esperar que las empresas apelen la medida y la lleven ante los tribunales.
Respuesta Empresaria
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), rechazó «enérgicamente» la Resolución de Secretaria de Comercio Interior por medio de la cual «se ha condenado a esta entidad a abonar una multa exorbitante e infundada», dijo la entidad en un comunicado.
«Ello en virtud de que dicha resolución es groseramente arbitraria, por carecer del más básico sustento fáctico y jurídico en la medida que se está sancionando un hecho que nunca ocurrió», dice la entidad
El texto indica que «más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en el año 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar».
«En ese entendimiento, FAIM recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan, a fin de obtener un pronunciamiento judicial que ponga fin al actuar -reiteramos- arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior», anticipó la entidad.