El Grupo de Ex Secretarios de Energía propuso prorrogar por un año los contratos de las centrales hidroeléctricas próximos a vencer en el curso de este año, por entender que el gobierno «pretende adoptar una actitud extemporánea» que terminará condicionando al que surja de las elecciones de octubre.
Al respecto, sostuvo que la actual administración «ha anunciado que nacionalizará las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones están próximas a vencer incorporándolas a los activos de ENARSA y con participación de los gobiernos provinciales».
«Esta decisión es inconducente e inconsistente ya que ENARSA no está en condiciones técnicas ni económicas. Tampoco reúne la experiencia para operar ni para proyectar y llevar adelante las grandes inversiones que demandará la extensión de vida de centrales del tipo del Chocón o Planicie Banderita», agregó el documento suscripto por los ex secretarios Emilio Apud, Julio César Araoz, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raul Olocco.
Ante la «trascendencia del tema y sus efectos en el largo plazo» el conjunto de ex secretarios consideró que «esta decisión tiene que ser adoptada en el marco de la política energética del próximo gobierno».
Por lo tanto propuso «hacer uso de las cláusulas contractuales de los contratos vigentes cuyo vencimiento opera en fecha próxima» y prorrogarlas por un año.
«Ello permitirá que la decisión sea implementada por el próximo gobierno surgido de las urnas que asuma el 10 de diciembre de 2023. Y al mismo tiempo se contará con el tiempo suficiente para adoptar una meditada y racional decisión», añadió.
Además, durante el plazo de prorroga contractual, indicó, «se deberán realizar auditorías técnicas a los efectos de determinar el estado real de las instalaciones y definir las inversiones necesarias para extender la vida útil de las centrales».
En el segundo semestre de este año comienzan a vencer los contratos de Concesión para la explotación de Centrales Hidroeléctricas firmados a partir de 1993 por el Estado nacional en carácter de “concedente” con empresas privadas en carácter de “concesionarias”.
Los contratos establecen un plazo de concesión de 30 años, al cabo del cual las centrales revierten al concedente.
«El conjunto de centrales dadas en concesión es numeroso y heterogéneo» y está «compuesto por varias centrales hidroeléctricas de potencias diversa –desde pequeñas hasta grandes centrales – ubicadas en distintas provincias argentinas», indicaron los ex funcionarios.
Las centrales concesionadas se pueden dividir en dos grandes grupos: a) las que pertenecieron a la ex Empresa HIDRONOR SA y b) las que pertenecieron a la ex empresa nacional Agua y Energía Eléctrica SE.
Los ex secretarios se focalizaron «en el primer grupo, constituido por un conjunto de 4 centrales de gran porte ubicadas en la zona del Comahue en las provincias de Rio Negro y Neuquén integrado por las centrales hidroeléctricas: El Chocón, Planicie Banderita, Alicurá, Piedra del Águila, donde el vencimiento de los plazos es inminente».
«Estas centrales de gran porte reúnen alrededor de 4000 MW y cumplen un rol importante en el abastecimiento del Sistema Interconectado Nacional. La operación de dichas centrales se realiza conforme lo establece el Despacho Nacional de Cargas operado con la empresa CAMMESA», señalaron.
Asimismo, plantearon que «el grupo de centrales hidroeléctricas mencionado tiene una antigüedad de 50 años, en el caso de las Centrales el Chocón y Planicie Banderita, de 40 años en el caso de la Central Alicurá y de 30 años en el caso de la Central Piedra del Águila».
«Ello implica que al menos el 50 % de dichas centrales han cumplido su vida útil y el 25 % la cumplirá en los próximos 10 años. Para prolongar esa vida útil será necesario afrontar cuantiosas inversiones como es de práctica habitual en este tipo de emprendimientos», advirtieron.