Buenos Aires, jun 15 (ANP) – Un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP) que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo revela que en abril 15.000 empresas dejaron de presentar las correspondientes declaraciones juradas para la seguridad social ante la AFIP.
«La reactivación económica comenzó, pero las secuelas de la pandemia se sienten. Entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP (el 2,8% del total); el sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado, con una caída del 8% en la cantidad de empresas que declaran DDJJ», dice el informe..
El reporte indica que «si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el COVID-19».
En ese sentido, el CEP explica que «el empleo formal ha exhibido bajas significativas tras los primeros signos de mejoría observados en el primer bimestre» y agrega que «en marzo, la cantidad de asalariados formales en las empresas cayó 0,8% (-48 mil puestos), la mayor disminución mensual desde la crisis de 2002.»
«En abril esa baja se habría consolidado (-0,6%, la más pronunciada para un mes de abril desde 2002), tal como se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social», añade el reporte.
Al respecto,agrega que «la principal razón de estas contracciones no son los despidos (que explicaron alrededor del 10% de las bajas de abril), sino que son muy pocas las empresas que estuvieron incorporando personal: la tasa de entrada (el porcentaje de altas sobre la dotación del mes anterior) se ubicó en el 0,4%, la menor desde por lo menos 2001».
«De este modo, las bajas que se producen por distintas razones -renuncias, finalización de contratos, finalización del período de prueba, etc.- no se compensan con nuevas contrataciones», explicó el CEP.
«A ello se le suman las suspensiones, que alcanzaron en abril al 7,5% de los ocupados, la mayor cifra desde por lo menos 2006».
El reporte oficial agrega que «la asistencia del Estado se ha multiplicado en estos meses para amortiguar el severo impacto que ha generado la pandemia2.
«En el Informe de Panorama Productivo anterior mencionábamos que hoy el 89% de la población argentina (unas 40 millones de personas) vive en un hogar en donde al menos una persona percibe un ingreso proveniente del Estado. Ello se debe a que más de 21 millones de adultos (el 47,2% de la población argentina) que lo reciben individualmente (y que conviven con otros 19 millones de personas en sus hogares)», recordó el CEP.
El trabajo añade que «actualmente hay cuatro grandes fuentes de ingresos monetarios en los hogares por parte del Estado. Por un lado, están las jubilaciones y pensiones (alrededor de 7 millones de beneficiarios contando prestaciones contributivas y no contributivas), con una cobertura casi total en los mayores de 65 años. Por otro, está el empleo público (que hoy alcanza a aproximadamente 3,2 millones de personas, incluyéndose aquí docentes y médicos de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno). Estos dos preexistían al COVID-19».
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