Buenos Aires, abr 20 (ANP) – Entre los funcionarios del gobierno sobrevuela la idea de que una empresa y su accionista principal son la misma cosa. Se podría resumir en la imagen de un millonario que pone sus bienes a nombre de la empresa de la que es dueño para demostrar ante el fisco un patrimonio mas chico. Un tipo que, por ejemplo, anda en una auto de marca premium pero que no es de él sino de la sociedad en la que participa.
En función de esa imagen pareciera que generan medidas que involucran a las empresas. Esta semana se conocieron las condiciones para que las firmas para acceder al Programa de Recuperación Productiva II (REPROII). Se trata de un subsidio para que los empleadores puedan abonar los salarios. El REPRO funciona desde hace más de una década en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Sirve para atender la situación de empresas que debido a alguna coyuntura específica se encuentra en situaciones que la ponen al borde de una quiebra. El Estado paga la mitad de los salarios de los empleados. La firma presenta sus balances para justificar su situación (la cual claramente no puede obedecer a un mal manejo de su gerencia) y tiene que presentar un plan para salir de la situación.
El REPRO se podría haber usado el año pasado en la primera ola de la pandemia, pero el gobierno optó por crear un nuevo tipo de subsidio: El Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción conocido como ATP el cual quedó identificado con el coronavirus. Es por ello que apenas la economía comenzó a dar señales de recuperación, el gobierno se apuró a anunciar su eliminación. La lógica es que si ya estamos supuestamente mejor que en 2019 (mejor que con Macri), las empresas ya no requieren de ayuda. Esto tenía que ver con dar una señal al mercado. El Presupuesto 2021 elimina el «gasto covid» para lograr bajar el déficit fiscal al 4,5%.
Pero un escenario previsible para este año es que las cosas no van a estar tan bien y como ya no se puede volver al ATP hacen lo que tendrían que haber hecho en 2020, es decir, usar el REPRO. Ahora bien, este REPROII tiene cambios que lo asimilan al ATP. Se podría decir que es lo mismo. El gobierno fija un listado de actividades cuyas empresas están en condiciones de acceder y pone algunas condiciones. La principal es que tienen que demostrar una baja de facturación del 20% real en un año. Pero se agrega un requisito que asimila la idea de que la empresa y el empresario son una unidad jurídica cuando en realidad son dos cuestiones separadas.
El requisito obliga a las sociedades a informar si sus accionistas pagaron el Aporte Solidario, el denominado Impuesto ala Riqueza. Según comenta el abogado Diego Fraga, tal requisito implicaría una ruptura del secreto fiscal. Una sociedad no le podría pedir a una persona (aunque sea su accionista) que le brinde datos sobre impuestos que son reservados para la relación entre la AFIP y el contribuyente.
Más allá de todo, una empresa para le ley es una persona diferente de su dueño. De hecho, tienen CUITS diferentes. «Creo que el principal problema de esta norma es el que crea obligaciones a una persona totalmente diferente, más allá de que en algunos casos coincida el que toma las decisiones centrales (accionistas mayoritarios) con el obligado a pagar el impuesto», señala Fraga.
No es la primera vez en que el gobierno adopta esta postura. El año pasado se ponía como requisito para el ATP que los accionistas de la empresa no hubieran comprado dólares en los seis meses anteriores.
El REPRO II comenzará a funcionar el jueves 22 de abril. Si bien el Ministerio de Trabajo había emitido a través de las redes sociales que la inscripción va a estar abierta desde el 21 de abril, fuentes de la cartera indicaron que se va a abril al día siguiente. Se estima que un tercio de los que tienen que pagar el Aporte Solidario iniciaron cuestionamientos judiciales… Si alguno consiguió una cautelar que le evite pagar, no podrá obtener el beneficio que afectará en última instancia a los empleados de su empresa