El reflotamiento del debate parlamentario en torno del desvirtuado Consenso Fiscal abre una ventana a una nueva suba de impuestos por parte de las provincias, en un contexto en el que el Gobierno nacional tiene en la mira las transferencias discrecionales como uno de los focos para reducir el déficit primario y, además, con una realidad que deja en evidencia el margen con el que cuentan los gobernadores para seguir aumentado sus respectivas cargas tributarias.
Ese margen radica en el hecho de que, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires, ninguna de las 23 provincias cuenta con recursos tributarios superiores a las transferencias que en todo sentido les envía periódicamente el Estado nacional, y que solo cuatro (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires) compensan esa diferencia con recursos extraordinarios, en especial regalías hidrocarburíferas.
«Esto da cuenta de que, en general, hay un elevado nivel de dependencia económica de las jurisdicciones», advirtió al respecto la Fundación Libertad y Progreso, en un informe en el que señaló que en provincias como La Rioja y Santiago del Estero, el 91% y el 84% de los ingresos totales, respectivamente, corresponden a coparticipación de impuestos y transferencias nacionales.
Si se considerasen exclusivamente los recursos tributarios, Formosa sigue siendo la provincia con menor participación de fuentes propias, con apenas el 5% de sus ingresos totales o, si se prefiere, apenas recauda para financiarse 18 días por año.
En ese marco, LyP alertó que «la elevada dependencia de las provincias de las transferencias nacionales, sumado a la necesidad de un ajuste en las cuentas públicas a nivel federal, aumenta el riesgo de que el nuevo Consenso Fiscal se utilice para aumentar la presión tributaria provincial».
Esa posibilidad se refuerza tras la decisión del ministro Sergio Massa de restringir los gastos para alcanzar el cumplimiento de la meta de un déficit de 2,5% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional y con «un segundo factor» destacado por la fundación: desde 2018 que el resultado primario consolidado de las 24 jurisdicciones es positivo; lo que se contrasta con los déficits recurrentes que ha registrado la Administración Pública Nacional.
«En 2021 las provincias y CABA anotaron su mayor superávit primario en términos del PBI desde 2005 (+0,57%). En 2021 solo 4 de las 24 jurisdicciones anotaron un resultado primario negativo, dando cuenta de la transversalidad del resultado positivo provincial», añadió.
Aldo Abram, director ejecutivo de LyP, opinó que la flexibilización del consenso fiscal “va en la misma línea de los instrumentos que han aplicado ahora para lograr bajar el déficit primario, que es no ajustar el gasto público que le conviene a la política, sino ajustar a los jubilados; a quienes se les va a quitar los subsidios, lo cual está bien, pero lo que no está bien es que desde el gobierno no hagan su propio ajuste”.
«Dado que para hacer ese ajuste uno de los instrumentos es bajarle las transferencias a las provincias, negociaron con ellas la flexibilización del consenso fiscal. De forma tal que lo que no reciban de las transferencias de la Nación, lo pueden compensar con impuestos propios. Nuevamente ajustan a la gente pero no ajustan la política», criticó.
Para Eugenio Marí, economista jefe de la fundación, «el sector público nacional debe avanzar rápidamente hacia un menor déficit fiscal para reducir los niveles de inflación y de crecimiento de la deuda. Bajo este escenario, es probable que parte de la reducción de gastos sea vía menos transferencias a provincias, la mayoría de las cuales tienen resultados fiscales superavitarios”.
Marí agregó que “el Consenso Fiscal, que habilita a las jurisdicciones a subir impuestos, funciona entonces como una garantía. Si una provincia pierde transferencias nacionales, las podrá compensar subiendo impuestos. El problema es que esto aumentaría aún más la presión tributaria total sobre la economía, asfixiando aún más al sector privado y repercutiendo negativamente sobre la inversión y el crecimiento económico”.
Lautaro Moschet, economista de LyP que “dado el contexto macroeconómico que está viviendo el país, sería un despropósito que las provincias presionen aún más de manera impositiva al sector privado. Por el contrario, en caso de que se concrete la disminución de las transferencias nacionales, deberán ganar eficiencia para poder financiarse mediante los ingresos propios. En otras palabras, el ajuste debe caer sobre el sector público, dado que el privado no puede soportar mayor presión”.