BUENOS AIRES (ANP) Los riesgos de un presupuesto prorrogado con una inflación de tres dígitos y un drástico cambio de gobierno de por medio son los de contar con una formalidad que poco y nada tiene que ver con la realidad. Nada mejor para comprobarlo que contrastar de manera permanente la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento que mensualmente da a publicidad la Secretaría de Hacienda con la actualización del cálculo de gastos y recursos del año pasado, cada vez que se lo modifica a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia o una Decisión Administrativa.
Vale la pena reiterar que la formalidad presupuestaria en ejecución es la constante readecuación de un proyecto de ley que comenzó a idea el ex ministro Martín Guzmán en abril de 2022, que su sucesor Sergio Massa presentó ante el Congreso en septiembre de ese año y que el mismo frustrado candidato presidencial ejecutó el año siguiente. En su concepción, fue pautado con una inflación anual del 60% y la coexistencia de 21 ministerios, que meses después se redujeron a 19 y que en la actualidad son 8. Además de llevarse a cabo por una administración que no comulga en nada con los preceptos de su antecesora.
Así salen los números… Y el martes 23 de julio se agregó otro elemento, con la publicación del DNU 656/24 en el Boletín Oficial, por el que se aprobó una asignación adicional de $100.000 millones destinada a la recreada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), compensada mediante una reducción equivalente en las aplicaciones financieras del Tesoro, afectando como contrapartida el cálculo de resultado financiero del Ejercicio en una suma equivalente.
El objetivo oficial de cerrar el año con superávits primario y financiero -que se viene logrando en la primera mitad del período- no guarda relación con los guarismos que presenta una ley de Presupuesto 2023 modificada y prorrogada. Por dar a conocer las principales variables, el crédito inicial de $27,9 billones pasó a ser de $ 86,8 billones, un 211% más, en tanto los gastos pasaron de $37,2 billones a $90,3%, con un incremento del 142,9%, de acuerdo con el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El menor incremento porcentual de los gastos en relación con los ingresos se tradujo en una mejora del resultado fiscal, pero aún se está lejos del superávit con el que el presidente Javier Milei pretende cerrar el ejercicio: un déficit primario de $3,6 billones y uno financiero de $7,2 billones.
Si de respeto a la formalidad presupuestaria se trata, será necesario por lo menos otro DNU para que en algún momento se alineen el presupuesto prorrogado y la realidad. Un primer paso para que en 2025 se pueda ejecutar una ley a la altura de las circunstancias.
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