Buenos Aires, mar 2 (ANP).- En Argentina, una tierra donde los postulados universales rara vez se cumplen, definitivamente no funciona aquella vieja máxima de Karl Marx que decía que la historia se repite primero como tragedia y luego como farsa.
Increíblemente, el aniversario número 15 de aquel canje de deuda que nos hizo ganar la antipatía del mundo encuentra al país otra vez metido en el barro de la renegociación de los pasivos soberanos, proceso ahora rebautizado como “reperfilamiento”, un ingenioso eufemismo acuñado por el último ministro de Economía de Mauricio Macri, término primero criticado y luego adoptado entusiastamente por el actual gobierno.
Es que por estas horas el equipo económico, ahora con Martín Guzmán a la cabeza, se encuentra ultimando los detalles de la que será la oferta que se planea presentar la semana que viene en un road show por los centros financieros del mundo, un verdadero déjà vu del canje 2005, aquella tragedia que el país pagó con fallos millonarios adversos después de una década de pleitos y que muy probablemente se repita, pero no precisamente como una farsa. Al contrario, acarrearía las mismas trágicas y cuantiosas consecuencias si es que no se llega pronto a un acuerdo con los acreedores.
El origen del mal
La deuda en default había arrancado a fines de 2001 cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió como presidente interino de la Nación tras la renuncia de Fernando De la Rúa y dijo a viva voz en el Congreso que se suspendía el pago de la deuda externa debido a la grave crisis que atravesaba el país.
Para cuando llegó el verano de 2005 no se hablaba de otra cosa que de la negociación casi unilateral que llevaba adelante Roberto Lavagna, el entonces ministro de Economía, bajo la mirada intransigente del Presidente Néstor Kirchner. Con su lógica argenta de que “los muertos no pagan”, el mandatario intentaba cambiar las reglas del sistema capitalista convenciendo a los inversores de que es lo más normal pedir plata y luego pagar sólo si a uno le fue bien. Una lógica que claramente no entienden las tarjetas de crédito y los bancos con sus clientes, y menos todavía la AFIP con los contribuyentes.
Después de meses de idas y vueltas, el 14 de enero de 2005 el gobierno lanzó oficialmente la operación de canje para reestructurar una deuda impaga que rondaba los US$ 82.000 millones, y el 3 de marzo anunció que se había alcanzado un 76% de adhesión.
La propuesta para los bonistas constaba de tres tipos de bonos -Discount, Par y Cuasipar- con una novedad en el caso del cupón atado al PBI, que prometía mayor rendimiento si la economía argentina crecía por encima del 3% anual. Este título primero despertó la burla de los operadores, que veían el crecimiento de nuestro país como algo poco probable, pero terminó siendo un negocio interesante para quienes lo aceptaron, con un costo extra de casi US$ 11.000 millones que debió afrontar el Estado nacional.
Pero a pesar de aquel anuncio “exitoso”, con el 76% de aceptación, el problema del default recién estaba empezando. Dentro del 25% restante habían quedado agazapados grandes fondos de inversión con espaldas suficientes como para soportar años de litigios, sabiendo que tarde o temprano los títulos impagos se cobrarían en su totalidad y con todos sus intereses.
Por eso, lejos de cerrar el capítulo del default, lo que comenzó en marzo de 2005 fue una larga batalla judicial contra los holdouts (tenedores que rechazaron el acuerdo) y los “fondos buitres”, problema que heredaría el gobierno de Cristina Kirchner y que daría lugar a otro canje en 2010, además de regalarnos unos pintorescos personajes como el combativo Nicola Stock -voz cantante de los tenedores italianos- y el tozudo juez neyorkino Thomas Griesa. El septuagenario magistrado fue el que tomó el caso argentino desde el principio y que terminó atornillándose a su estrado durante diez largos años sin miras de querer jubilarse, sospechamos que sólo para verle la cara a Cristina Kirchner cuando Argentina perdiera hasta la última demanda.
Canje 2020
El default iniciado en 2001 concluyó en abril de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri pagó las últimas demandas que restaban y Argentina quedó libre de manchas, retornando a los mercados de crédito y al FMI para seguir financiando un déficit fiscal que no paraba de crecer. Como era previsible, la arriesgadísima apuesta del macrismo salió mal y el país quedó otra vez en serios problemas para afrontar sus abultadas obligaciones.
Hoy el gobierno de Alberto Fernández está muy cerca del borde, parado en un sitio donde sólo resta un paso para caer en un default abierto. Según el cronograma publicado por el Ministerio de Economía a mediados de enero, esta semana se conocerán los detalles de la oferta que se hará a los nuevos sufridos acreedores mientras se encuentra la misión del Fondo Monetario de nuevo en Buenos Aires, no se sabe si para auditar el Artículo IV o para ver cómo le pagarán la cuenta pendiente. Y todo con un road show que está ya encima.
Con bastante atraso en el cronograma (apenas ayer se conoció el nombre de los asesores financieros y bancos que intervendrán en la operación), parece difícil que Argentina cumpla con el objetivo de anunciar el resultado de este nuevo canje el 31 de marzo próximo, tal como marca la ambiciosa agenda que se fijó. Al contrario, lo que se avizora es un nuevo y controvertido proceso que guarda muchas semejanzas con aquel canje de 2005 que tanto le costó al país.