BUENOS AIRES (ANP) La esperada modificación presupuestaria para adecuar el presupuesto prorrogado a la actual realidad de inflación anual de tres dígitos y un gobierno resuelto a eliminar de cuajo el déficit fiscal, llegó antes de lo esperado con la publicación en la edición de hoy del Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/24, que por un lado aumentó los créditos autorizados en un 36% y, además, redujo el déficit financiero en $ 4.930.266 millones.
De acuerdo con el análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el DNU autorizó un incremento en el cálculo de recursos por $19.413.669 millones (+69,2% respecto a los recursos vigentes) y un aumento de gastos por
$14.483.403 millones (+36% con relación al crédito vigente, como resultado de mayores autorizaciones de gastos para 206 programas presupuestarios por $14.798.038 millones, y reducciones en 4 programas por $314.635 millones.
«Dado que los niveles de gastos previstos en la prórroga del Presupuesto 2023 para el ejercicio 2024 eran prácticamente idénticos a los de ese Presupuesto, las autorizaciones vigentes de gastos para 2024 implican un incremento interanual significativamente por debajo de la inflación prevista, lo que da cuenta que el nivel de gasto presupuestado no alcanzará para cubrir las necesidades de todo el año», sostuvo la ASAP, que, en ese sentido, consideró al decreto como «más un instrumento de carácter operativo destinado a permitir el funcionamiento de la Administración Pública Nacional en los próximos meses, que como un instrumento asignativo y de planificación, donde se revelan las múltiples políticas públicas que el Gobierno quiere llevar adelante».
En cuanto al resultado financiero de la Administración Pública Nacional, las modificaciones generan una mejora de $4.930.266 millones, lo que implica que se pasa de un déficit de $12.188.244 millones a otro de $7.257.978 millones. De esta forma, actualmente el Presupuesto para el corriente ejercicio prevé un déficit financiero equivalente al 15,3% de la estimación de recursos totales.
Por su parte, las aplicaciones financieras aumentan en $24.903.039 millones (+103,3%) y las fuentes financieras en $19.972.773 millones (+55%).
Los Gastos Corrientes aumentan en $14.470.588 millones y los de Capital en $12.815 millones. Entre los primeros, las Transferencias Corrientes aumentan en $9.898.128 millones, los Servicios de la Deuda en $2.693.800 millones, los Gastos en Personal en $1.675.420
millones, los Bienes de Consumo en $116.354 millones y los Servicios No Personales en $86.886 millones, mientras que entre los Gastos de Capital, los Bienes de Uso aumentan en $52.095 millones, los Servicios No Personales disminuyen en $23.188 millones y los Bienes de Consumo en $16.093 millones.
Respecto a la distribución por Finalidad, se destaca el incremento de las erogaciones destinadas a Deuda Pública (+60%), que casi duplica las variaciones del resto de los conceptos (Servicios sociales 34,4%, Servicios económicos 26,5%, Administración gubernamental 34,6% y Servicios de Defensa y Seguridad 32,1%).
En cuanto a la distribución de esta medida por jurisdicciones, se desataca el incremento en las autorizaciones de gasto para el Ministerio de Capital Humano, los Servicios de la Deuda Pública y Obligaciones a Cargo del Tesoro que explican el 88% de la modificación presupuestaria.