BUENOS AIRES (ANP) El libre ingreso de las empresas de medicina prepaga para los trabajadores sin la necesidad de optar por una obra social como intermediaria necesita como complemento una modificación en la distribución del Fondo Solidario de Redistribución en favor de los trabajadores de menores recursos.
La propuesta fue lanzada por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), que sostuvo que de esa manera se puede resolver la situación de los hogares que, por su mayor tamaño o bajos salarios, tienen un aporte per cápita insuficiente para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO).
La entidad dirigida por Jorge Colina recordó que «hasta la década del ‘90 la afiliación a la obra social era cautiva» y en ese marco «el trabajador estaba compulsivamente afiliado a la obra social del sindicato firmante de su convenio colectivo».
«Esto generaba incentivos perversos: derroche, corrupción y mala calidad de los servicios», planteó, además de indicar que con la reforma de los ’90 «se permitió la libre elección entre obras sociales», pero como la reforma se instrumentó por decreto simple (no un DNU), «las prepagas ingresaron al sistema a través de la derivación de aportes desde una obra social que les cobra una comisión»
Si se convalida el DNU, se permitirá el ingreso directo de las prepagas y entonces «el 100% del aporte de los trabajadores va a la cobertura sanitaria dado que se evita la comisión a la obra social que opera como un mera pantalla», advirtió IDESA, aunque reconoció que «para que esto funcione correctamente, hay que resolver el problema de los hogares que, por su mayor tamaño o bajos salarios, tienen un aporte per cápita insuficiente para financiar el PMO».
Para la entidad, el desafío se puede resolver replanteando el FSR, que se constituye por aproximadamente el 15% de los aportes salariales al sistema.
A septiembre de este año, se asignaron del FSR $185.000 millones en subsidios para obras sociales para compensarlas por gastos en servicios a la discapacidad y otros $ 23.000 millones por erogaciones en tratamientos de alto costo, mientras que los los trabajadores de bajos ingresos «apenas se utilizaron $4.000 millones» para que eleven su aporte per cápita familiar.
«La principal consecuencia es que en el sistema hay muchas familias desfinanciadas, es decir, quedan desamparadas porque su aporte no cubre el costo del PMO. Estas personas generalmente terminan atendiéndose en los hospitales públicos provocando una enorme transferencia oculta de recursos provinciales hacia las obras sociales», describió.
Para subsanar esa situación, IDESA consideró «imprescindible un ordenamiento del FSR», estableciendo que los gastos para las personas con discapacidad queden a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en tanto la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Excelencia Clínica (CONETEC) –que evalúa cuando corresponde ejecutar un tratamiento de muy alto costo– tiene que hacerse cargo de suministrar el financiamiento.
«Estos cambios se pueden instrumentar sin aumentar el gasto público, en la medida que se desactiven los programas nacionales que ejecuta el Ministerio de Salud nacional en funciones que son responsabilidad y ya están financiadas por las provincias», aclaró.
De esta forma, aseguró, «se podría asignar la totalidad del FSR a elevar el aporte per cápita de las familias de bajos ingresos y bajar el costo del PMO porque se le sacan las prestaciones que no son médicas (servicios sociales de la discapacidad) y prestaciones que deben ser financiadas colectivamente (muy alto costo)»
«Elevando el piso del aporte per cápita y bajando el costo del PMO es posible alcanzar la consistencia financiera, esencial para que la libertad de opción entre obras sociales y prepagas pueda operar», señaló IDESA.