Matías Kulfas se fue del Ministerio de Desarrollo Productivo con el menor porcentaje de ejecución presupuestaria entre todas las jurisdicciones de la Administración Pública Nacional (APN), con un 17,9% del crédito total en cinco meses, cuando el promedio general fue del 50,4% casi el triple.
La información fue dada a conocer por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), que a su vez destacó que en el caso del FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, uno de los “caballitos de batalla” de la gestión de Kulfas) “se ejecutaron sólo $10.065 millones de un crédito total de $84.492 millones”, es decir el 11,9%.
La jurisdicción con mayor nivel de ejecución en el período enero-mayo fue el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con el 65,2%, que, a su vez, es el de menor presupuesto asignado ($20.100 millones, un 0,19% del total).
En los primeros cinco meses, la APN ejecutó $5.473.010 millones, un 50,4% del total asignado para el ejercicio, un porcentaje que es elevado para el período transcurrido (41,67% del año), pero que puede deberse a que el Presupuesto en ejecución es una prórroga por decreto del anterior.
De acuerdo con análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los niveles de ejecución suelen ser mayores a los habituales en años en los que los presupuestos fueron prorrogados, como ya ocurrió en 2011 y 2020.
El monto ejecutato “implica un incremento del 76% en la ejecución respecto al mismo período del año pasado”, señaló CESO.
El incremento se explica principalmente por Las subas en los subsidios económicos (+96%), en tanto los servicios sociales – que son el componente más significativo del gasto – crecieron un 71%
La ejecución del mes fue un 75% mayor que la de mayo del año pasado, algo que “muestra una nueva aceleración del gasto, que en abril había tenido un incremento del Ejecución Presupuestaria 66%”, destacó la entidad dirigida por Andrés Asiaín.
Los componentes que más crecieron en mayo fueron administración gubernamental (138%) y servicios sociales (82%) por las paritarias del sector público, los bonos a jubilados y el refuerzo de ingresos.
Los servicios sociales representan un 66% del gasto devengado durante 2022. Dentro de este rubro, la seguridad social es el componente más significativo y alcanza un 46% del gasto total ejecutado. El principal gasto son las prestaciones previsionales (42,4%), seguidas por las asignaciones familiares y las universidades nacionales.
El programa Tarjeta Alimentar cuenta con 3.300.000 beneficiarios (94% son mujeres). El gasto ejecutado hasta abril 2022 es 100% superior al de los primeros cuatro meses de 2021.
El programa Potenciar Trabajo cuenta con 1.233.000 beneficiarios (64% son mujeres). El gasto ejecutado hasta abril 2022 es 158% superior al de los primeros cuatro meses de 2021.
En los primeros cinco meses de 2022, los subsidios energéticos alcanzaron los $547.675M, lo que implica un crecimiento del 125% respecto del mismo período del año pasado.
Un 75,8% de los subsidios se destinaron al sector eléctrico y un 24,2% al sector gasífero.
En total, representan un 10% del gasto total de los cuales CAMMESA concentra el mayor porcentaje (74,4%).
“Los costos internacionales, la sequía y la ola de calor impactaron fuertemente en los pagos de energía durante el primer trimestre”, remarcó CESO, que también advirtió “un fuerte freno en los subsidios energéticos”.
Al respecto, las transferencias destinadas a CAMMESA pasaron de $130.701 millones en marzo y $90.674 millones en abril a $51.483 millones en mayo.
“Esto puede obedecer a razones de índole fiscal, para mantener el cumplimiento de las metas de déficit y de financiamiento monetario con el FMI pero difícilmente se pueda sostener”, indicó la entidad, debido a que “a partir de junio, los subsidios a la energía se suelen duplicar por el mayor consumo de gas y más aún con los precios internacionales que rigen actualmente por lo que difícilmente se pueda sostener un ritmo de crecimiento por debajo de la inflación los próximos meses”.