BUENOS AIRES (ANP) La segmentación tarifaria cumplirá un año de su aplicación en septiembre y el período transcurrido puede servir para analizar su viabilidad, en un contexto de desfase entre los valores pagados por los usuarios y los costos de explotación de los servicios.
Esa fue la tarea que llevó a cabo el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFIP) de la Universidad Nacional de La Plata, en un trabajo realizado por Thomas García y Octavio Bertín, en el que se llega a la conclusión que, después de los doce meses recorridos a partir de la implementación de la segmentación, las distorsiones se profundizaron, con la ampliación de la brecha entre los niveles de altos ingresos y los de ingresos medios y entre ambos y los beneficiarios de la tarifa social.
«La introducción de la segmentación provoca una separación en la evolución de las tarifas plena y social, en particular a raíz de los aumentos introducidos en el nivel 1 y el relativo congelamiento del nivel 2», señalaron García y Bertín en su análisis, en el que agregaron que «la relevancia del gas, agua y electricidad en el consumo de servicios públicos traslada ese quiebre a la evolución del nivel general».
Los autores reseñaron que «los precios y tarifas públicas han sido fijados desde 2001 siguiendo criterios políticos sin fundamento económico», debido a que «al separar el precio que pagan los usuarios de los costos de producción se alienta el consumo excesivo y se desalienta la producción».
«Además, el subsidio se carga al presupuesto y se traduce en mayores impuestos, emisión monetaria, deuda y disminución en el gasto en bienes públicos, deteriorando la cantidad y calidad de esos bienes (educación, salud, seguridad)», destacaron.
En ese orden, indicaron que «la pérdida de valor real de esos precios y tarifas alcanzó un máximo en diciembre de 2015 y llevó a un replanteo que luego, por razones políticas, se revirtió en abril de 2019 con un nuevo congelamiento de gran intensidad».
El punto de quiebre de esta segunda etapa de congelamiento pareció haber llegado el 16 de junio del 2022, con el decreto 322 que establecía un nuevo régimen de segmentación para los servicios públicos de electricidad y gas, complementado con la resolución 183/2022 del Ministerio de Obras Públicas que la extendía al servicio de agua y saneamiento.
A partir de esto, las tarifas de estos servicios públicos pasaron a diferenciarse según 3 niveles de ingresos: bajos, medios y altos y situación patrimonial y personal de los consumidores, variables que «no tienen una relación directa significativa con el consumo», advirtieron los autores.
García y Bertín señalaron que «la segmentación de las tarifas según niveles de ingreso tuvo dos consecuencias principales. Por un lado, la separación de los niveles generales de tarifas para los tres niveles de ingreso debido a que estos enfrentan cuadros tarifarios distintos. Por el otro, provoca también la separación de los niveles generales con y sin tarifa social».
Con su puesta en práctica a partir de septiembre de 2022, la segmentación provocó una separación en la evolución tarifaria para los tres niveles de ingresos: «para los niveles 2 y 3 el índice continúa su caída en términos constantes, mientras que para el nivel 1 aumenta sustancialmente, en particular durante el último trimestre», señalaron.
«Es importante destacar que a pesar de la segmentación, el consumo de electricidad del nivel 3 continúa siendo subsidiado hasta los 400kWh/mes, de modo que las tarifas que enfrentan los usuarios de este segmento dependen de su nivel de consumo», añadieron.
Para finalizar, los investigadores del CEFIP puntualizaron que «la vuelta a la racionalidad implicará realizar un estudio serio de los precios y tarifas púbicas. Un punto que debe merecer atención es fijar una tarifa social para energía eléctrica, gas y agua que posibilite el acceso y consumo de la población de menores ingresos evitando el derroche».