Al margen de las transferencias automáticas que el Estado nacional le realiza periódicamente a las provincias, también están las no automáticas o discrecionales, que tienen una diferencia sustancial con las anteriores que se puede percibir en sus denominaciones.
Las transferencias automáticas son principalmente la Coparticipación Federal de Impuestos, las leyes especiales y las compensaciones por el Consenso Fiscal. Por su carácter automático, no hay posibilidades de que el administrador de turno vuelque sus preferencias hacia tal o cual gobernador, más allá de las establecidas en las propias leyes. Esos favoritismos pueden concretarse a través de las discrecionales, que no están sujetas a un criterio predeterminado y sirven, por ejemplo, para que determinada región, provincia o municipio reciba ocasionalmente más recursos que otras, a pesar de que en la legislación ocurra lo contrario.
Corresponde aclarar que no siempre las transferencias discrecionales obedecen a razones de favoritismo político sino que también tercian cuestiones extraordinarias, como una catástrofe natural (incendios, inundaciones, terremotos), obras específicas e incluso cuestiones de «reparación» ante situaciones no previstas en la distribución fijada hace casi 35 años en la ley de Coparticipación.
En los primeros nueve meses de 2022, la Nación transfirió de manera discrecional $588.811 millones a las 24 jurisdicciones subnacionales. Si hubiese seguido el criterio de distribución fijado en la ley de Coparticipación, a la provincia de Buenos Aires le habría correspondido el 21,21%, es decir $124.886,81 millones. Y a la Ciudad de Buenos Aires, luego del recorte dispuesto en 2020, el 2,38% (1,40% sobre la distribución primaria), o sea $14.013,70 millones.
Pero ya quedó planteado que las transferencias no por nada son denominadas «discrecionales»: a la provincia gobernada por Axel Kicillof se le entregaron $241.280 millones, un 93,2% más que lo que le hubiera correspondido según la distribución secundaria de la Coparticipación. Y del otro lado del Riachuelo y la General Paz, a Horacio Rodríguez Larreta se le giraron $65.535,2 millones, nada menos que un 367,6% más.
Dicho de otro modo: Buenos Aires y CABA, a las que por ley de Coparticipación les corresponde el 23,59%, tuvieron transferencias discrecionales equivalentes al 52,1% del total.
Obviamente, esa preferencia por los dos distritos implicó una menor proporción para las 22 provincias restantes. Pero si el análisis se realiza teniendo en cuenta la población, se podría llegar a conclusiones completamente diferentes.
La consultora Politikon Chaco, especializada en una visión federal de las estadísticas, evaluó la distribución per capita y comprobó que, por lejos, la provincia más beneficiada fue La Rioja, con $65.916 por habitante, seguida a considerable distancia por Formosa ($23.590), Tierra del Fuego ($23.463) y Santa Cruz ($23.012).
Los bonaerenses, en esta evaluación por habitante, se anotó entre las provincias más desfavorecidas, con $13.497, aunque no tanto como los mendocinos, con $ 4.703.
Cada cual es libre de hacer el análisis como prefiera, tanto en montos totales, las proporciones asignadas en relación con las necesidades o bien los giros per capita. Nunca se arribará a una conclusión que conforme a todos y ese es el problema central: no hay posibilidad de consenso en un esquema en el que quienes tienen que tomar decisiones parten de la creencia de que el federalismo consiste en distribuir recursos desde la Plaza de Mayo.
Porque así como puede aducirse un favoritismo por Buenos Aires y CABA, si se toma la distribución per capita podría decirse todo lo contrario. Y siempre habrá a disposición algún criterio para llevar agua a cualquier molino: cantidad de habitantes, aportes al PBI nacional, necesidades básicas insatisfechas, otros aportes nacionales tangibles y no tangibles, etc.
Las concepciones de lo que es el federalismo varían en todo el planeta, pero siempre parten de una premisa básica: las provincias o estados tienen la facultad de fijar sus impuestos y la responsabilidad de recaudarlos. Si bien ese criterio original rige en parte desde 1853, desde 1935 coexiste -y cada vez con menos participación- con un criterio al que hay que forzar demasiado para catalogarlo como federal.