BUENOS AIRES (ANP) Entre la Nación y las provincias, el conjunto de las denominadas transferencias discrecionales o no automáticas (TNA) son las que históricamente marcan el pulso de la relación, con oscilaciones que tienen vínculo directo con el interés que la Casa Rosada tenga en ganarse el apoyo de gobernadores y, a través de ellos, diputados y senadores para la sanción de leyes o la conformación de alianzas electorales.
La razón es simple: en el ordenamiento del federalismo fiscal argentino, las transferencias automáticas (TA) no pueden modificarse por criterios de coyuntura ni favoritismo político, ya que su distribución está predeterminada por leyes para cuya modificación se requiere del apoyo unánime de las provincias en el Congreso, un objetivo más que difícil aún para gobiernos con mayorías en ambas cámaras.
Quedan, entonces, las TNA, que pueden ser recortadas a criterio del funcionario nacional de turno. Y en tiempos de ajuste fiscal como el que se aplica desde diciembre de 2023, estas transferencias son uno de los blancos principales para equilibrar las cuentas.
Pero los recortes no son permanentes y, cuando la necesidad lo indica, el Ministerio del Interior o, tras su disolución, la Jefatura de Gabinete puede recurrir a cierta flexibilidad. Es lo que ha pasado en septiembre, de acuerdo con el análisis que al respecto realizó la consultora Politikon Chaco.
Para ser más precisos, las transferencias no automáticas pagadas el mes pasado por la Nación a los 24 distritos subnacionales ascendieron a $159.975 millones, lo que representa el menor recorte real interanual del año (un 27% menos, frente a un 60,1% del acumulado en nueve meses) y con un aumento del 130% real respecto de las TNA de agosto.
En ese incremento mucho tuvo que ver el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de $33.000 millones, el 17,9% de todo lo transferido en lo que va del año por ese concepto, que llegó a tener tres meses en los que las transferencias fueron nulas.
Como la distribución de los ATN es discrecional, en su asignación suele haber réprobos y elegidos. Septiembre no fue la excepción y los $33.000 millones de destinaron a solo siete de las 24 jurisdicciones: Catamarca y Salta recibieron $ 7.000 millones cada una; Corrientes y Misiones $ 5.000 millones en cada caso, al tiempo que Jujuy y La Pampa se hicieron de $ 3.500 millones; finalmente, Santa Cruz captó $ 2.000 millones.
Salvo el caso del pampeano Sergio Ziliotto, en los otros seis casos se trata de mandatarios provinciales con buena llegada a Balcarce 50, pero con apoyos que no son incondicionales.
El repaso de lo sucedido en los nueve meses de 2026 muestra el mismo criterio, con 15 provincias seleccionadas, un lote del que quedaron afuera Buenos Aires, CABA, Formosa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
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