Buenos Aires, dic 19 (ANP)- El nivel de los subsidios a la energía no para de crecer y si el gobierno y la oposición no acuerdan una “estrategia cuidadosamente diseñada” para disminuirlos y al mismo tiempo atenuar su impacto social y económico, en 2023 pasarán a representar el 80% del costo de la electricidad.
El mantenimiento de ese nivel de cobertura no es gratuito y explica en gran parte el abultado déficit fiscal como la elevada carga tributaria sobre las empresas y la población en general, además de “acelerar la emisión monetaria” lo que lleva al Banco Central a subir “a niveles insostenibles el stock de Leliq y pases para absorber los excesos de emisión”, sostuvo el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
A pesar de la importancia del tema, no formó parte de la agenda en la reciente sesión de la Cámara de Diputados que finalizó con el rechazo del proyecto de ley de Presupuesto por parte de la oposición.
“El tratamiento del presupuesto 2022 es un testimonio más de la mediocridad que sufre el sistema político”, advirtió la entidad dirigida por Jorge Colina.
Al respecto, indicó que “en países bien organizados, el presupuesto es una herramienta esencial. De allí la denominación de ley de leyes. Pero en un contexto de tan alta inflación e incertidumbre como el que prevalece en la Argentina pierde relevancia”.
Para IDESA un tema central de la discusión tuvo que haber sido “las tarifas a la energía” y el peso de los subsidios en el valor final, analizado desde varias aristas: la social, la de los costos empresarios y la de la distorsión de los precios relativos de la economía, en la que mes a mes los precios de los bienes suben más que los de los servicios.
La entidad se basó en información de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y señaló que “en el 2021 los subsidios a la energía cubren el 56% del costo de la electricidad” y que “si la tarifa se mantiene congelada y la inflación en el 50% anual” el año próximo “pasarán a representar el 70%” y en 2023 “el 80% del costo de la electricidad”.
“Estos datos son estimativos, pero alcanzan para mostrar que la estrategia de congelar la tarifa eléctrica en un entorno de alta inflación resulta extremadamente dañina”, indicó IDESA, que criticó el “irresponsable oportunismo político” con el que “se está tendiendo a que los subsidios cubran casi la totalidad del costo de la electricidad”.
La entidad señaló tanto al Frente de Todos como a Juntos por el Cambio y señaló que “si el gobierno aspira a ser reelecto y la oposición a gobernar en el 2023, ambos deberían acordar una salida urgente del congelamiento tarifario para evitar llegar a una situación fiscal, social y políticamente insostenible”.
En ese sentido, subrayó que si bien “son muchas las acciones que se necesitan adoptar para comenzar a ordenar las finanzas públicas y moderar la emisión monetaria”, ninguna es “tan urgente como replantear la política tarifaria”.
“El rechazado proyecto de presupuesto 2022 lo reconocía al contemplar una disminución de los subsidios a la electricidad como principal factor de reducción del déficit fiscal. El proyecto planteaba una baja del déficit primario desde el 4% del PBI en el 2021 al 3,3% del PBI en el 2022. Prácticamente la totalidad de esa reducción se explicaba por el recorte en los subsidios a la electricidad, que pasaban de 1,6% del PBI en el 2021 al 10% del PBI en el presupuesto 2022. Este planteo despeja cualquier tipo de dudas respecto a que no hay ninguna posibilidad de detener la emisión monetaria desenfrenada si no cambia la política de tarifas de los servicios públicos”, aseveró IDESA.
Por tal razón, reclamó “una estrategia cuidadosamente diseñada y ejecutada para morigerar los conflictos”, partiendo de “ordenar las bases de datos sobre titularidad de los medidores eléctricos, valuaciones inmobiliarias y valores actualizados de los activos e ingresos de las familias”.