BUENOS AIRES, ENE 18 (ANP).- La Argentina no solo es uno de los países que menos apoyo le da a su sector agropecuario sino que incluso lo perjudica, con un aporte equivalente a -2,1% de su Producto Bruto Interno (PBI), de acuerdo con la según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Los datos corresponden a un relevamiento que la entidad realizó en 2020 y contrastan con el apoyo promedio de 0,6% del producto y mucho más con la asistencia de países vecinos, como el 2,5% de Chile y el 3,3% de Brasil.
El perjuicio a uno de los sectores más dinámicos de la economía prosigue en 2022, a pesar de la caída de las estimaciones de cosecha de los principales cultivos, al punto que la Bolsa de Comercio de Rosario prevé que se perderían unos US$ 4.800 millones de producción, equivalente a cerca de 1% del PBI. En tanto que las exportaciones de cereales y oleaginosas caerían en US$ 2.600 millones, 10% mneos respecto a los niveles alcanzados en 2021.
Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso destacó que “cuando analizamos los principales cultivos, soja y cereales, vemos que el Estado recauda más del 60% de la renta agrícola. Con el esquema impositivo y regulatorio actual el sector público se posiciona como un socio en las ganancias, y como un salvavidas de plomo en los momentos difíciles”.
Diego Piccardo, economista de la misma entidad, sostuvo que “en medio de lo que es una verdadera emergencia para el sector agrícola, la política pública debería avanzar de manera decidida. En el pasado se ha declarado la emergencia agropecuaria y se han facilitado préstamos a tasa blanda a los productores. Este no es el camino. Hay que avanzar en medidas que den un alivio genuino al sector privado, reduciendo y eliminando los derechos de exportación, y también levantando las barreras cuantitativas a la exportación”.
En el mismo sentido, el director de la Fundación, Aldo Abram, indicó que “el cepo implica una retención cambiaria a todos los que exportan, que es la diferencia entre lo que recibe el productor al tipo de cambio mayorista del Banco Central y lo que le costaría recomprar esa misma cantidad de divisas en el mercado paralelo financiero. Hoy esa retención se acerca a la mitad del valor exportado”.
“Muchas veces se dice que lo que pierde el sector agropecuario por las retenciones es sólo lo que recauda el gobierno, pero en realidad la pérdida es mucho mayor”, agregó, al referir que “el productor puede vender al exterior al precio internacional menos las distintas retenciones, por lo que a los compradores locales también les venderá a dicho precio”.
“Si sumamos el impuesto a la exportación con la quita cambiaria, hoy los productores agropecuarios reciben alrededor del 35% de lo que verdaderamente vale su producto. El resto se lo quedan el Gobierno, a través de una mayor recaudación, y los demandantes locales, por la parte vendida para ser usada en Argentina. Lisa y llanamente una confiscación”.
Para LyP, “la situación actual no es novedosa”, ya que “el apoyo al sector agrícola ha sido negativo desde comienzos de los 2002, cuando se impusieron derechos de exportación al sector en medio de la emergencia económica”.
“Como la gran mayoría de los impuestos en Argentina, 20 años después el tributo de emergencia sigue en vigor, incluso con alícuotas más altas”, añadió.
La entidad finalizó señalando que “no debemos apuntar a tener un esquema que subsidie al sector agrícola, simplemente hay que establecer esquemas impositivos y regulatorios razonables, que den incentivos a la inversión y el crecimiento, sin castigar a los productores.