Buenos Aires – (ANP) – Empresarios salieron hoy en rechazo del anuncio del presidente Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema en favor de la Ciudad de Buenos Aires, por la cuestión de los fondos de coparticipación.
A pesar de tratarse de una medida cautelar, lo que implica que la cuestión de fondos no quedó resuelta todavía, Fernández aseguró que no va a acatar la decisión del tribunal supremo que obliga al Estado Federal a entregarle 2,95% de coparticipación a la Ciudad.
En ese sentido, la Unión Industrial Argentina (UIA), señala que «la división de poderes es un activo que todos los argentinos debemos preservar, respetar y potenciar».
«La Unión Industrial Argentina (UIA) reafirma, tal como manifestara en el día de hoy su presidente, Daniel Funes de Rioja, la relevancia de respetar la división de poderes en tanto que dimensión fundamental para generar previsibilidad jurídica e institucional. Ambas, son pilares fundamentales y condiciones necesarias para desplegar la iniciativa privada, la libertad de emprender, la inversión y la generación de empleo.
La Asociación Empresaria Argentina, AEA, subrayó «la extrema gravedad que supone que el Poder Ejecutivo pretenda no cumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
«La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional», señaló la entidad que representa a los CEOs de las empresas mas importantes de Argentina.
Al respecto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias manifestó su «honda preocupación por la decisión que ha tomado el gobierno nacional luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia».
«Los productores agropecuarios creemos que la división de poderes es una de las base de la República. La sociedad no puede permitir estos atropellos que deterioran la calidad institucional», señaló la Mesa de Enlace que reune a la Sociedad Rural, Coninagro, la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas.
El nucleamiento reclamó al «Poder Ejecutivo de la Nación que recapacite sobre la decisión».
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiestó «su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de no acatar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado al diferendo existente entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de recursos coparticipables».
«Sin entrar en la cuestión de fondo respecto al recorte, la CAC considera que el posible incumplimiento de una sentencia del máximo tribunal es un hecho de enorme gravedad institucional», señaló la entidad.
«La Entidad reiteradamente ha abogado por el diálogo como método para la solución de controversias, en el convencimiento de que es el mejor camino para su superación. Cuando esa posibilidad se agota, y si fracasan también los intentos de mediación, no queda más alternativa que recurrir a la Justicia y someterse a lo que ella determine. Eso es lo que manda nuestra Constitución y ese es el modo en el que funciona cualquier república que se precie de tal», dijo la CAC.
Por su lado, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) dijo que ve «con muchísima preocupación los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, alterando la tan necesaria división de poderes en nuestra República».
«Las recientes declaraciones en contra de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del Poder Ejecutivo traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional a un país en el que, quienes invierten y dan trabajo, cada vez tienen menos certezas y garantías», indicó ACDE.
La entidad dijo que «la unión que experimentamos los argentinos tras un objetivo común, como lo es la obtención de la copa del mundo de fútbol, queda así desvirtuada por luchas en estamentos del Poder Público, que demuestra no estar a la altura de las circunstancias para comenzar una senda de crecimiento. Instamos al Poder Ejecutivo a que acate las decisiones de la Justicia en general y de la Corte Suprema de Justicia en particular, como lo hacen las naciones avanzadas que le brindan a su población un crecimiento digno, mediante el respeto real e indefectible de sus Instituciones».