BUENOS AIRES, OCT 8 (ANP) – Bajo la aparente excusa de formar comisiones mixtas de seguridad e higiene en las empresas de mas de 100 empleados, el kirchnerismo volvió a la carga con un viejo proyecto enarbolado por el peronismo durante el segundo mandato de Cristina Fernández, destinado a interferir en la administración de las empresas. Las cámaras patronales salieron en rechazo de la iniciativa recargada presentada en el Congreso.
En un comunicado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó «su profunda preocupación» ante el proyecto de ley referido a comités mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo en cada ámbito laboral público y privado, con carácter obligatorio cuando en el establecimiento se desempeñen 100 o más trabajadores.
«La Entidad considera que las comisiones mixtas son una herramienta valiosa en el mundo del trabajo, pero a la vez está convencida de que, tal como está planteada, la iniciativa resulta perjudicial, ya que implicaría costos económicos significativos para empresas que ya se encuentran en una situación muy delicada», advirtió la CAC.
El texto señala que «en circunstancias como las actuales, en las que las firmas hacen sus mayores esfuerzos por superar una severa crisis producto de la pandemia y de las restricciones asociadas –que las bienvenidas medidas oficiales de asistencia que oportunamente se dispusieron no pudieron compensar en su totalidad– y de un estancamiento económico de más de una década, el proyecto resulta particularmente desafortunado».
«La CAC ve con especial preocupación algunos aspectos del proyecto, como el hecho de que los integrantes del comité por la parte trabajadora sean determinados por el sindicato y exclusivamente entre los delegados gremiales; que en caso de no acuerdo las decisiones –que debieran fundarse en argumentos técnicos–se diriman por sorteo; y que se permita acceso a los delegados a información que podría resultar sensible para la empresa», agrega la nota
A la vez, la Entidad adviertió que el piso de 100 trabajadores es «significativamente menor» a lo que establece el artículo 25 de la Ley 25.877 sancionada en 2004, que prevé que la obligación de presentar un “balance social” que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo se aplique a empresas que ocupen a más de 300 trabajadores.
Asimismo, la CAC considera que «la injerencia estatal en estas cuestiones colisiona con la autonomía colectiva y la libertad de negociar de las partes, lo que resulta contrario a los principios defendidos por la Entidad y a la generación de un clima de negocios que incentive la inversión».
Por todo lo anterior, la CAC manifiesta públicamente «su profunda preocupación ante la iniciativa, que de prosperar implicaría aumento de costos y mayores rigideces que conspiran contra la productividad y el crecimiento de las firmas y, en definitiva, contra el logro de un crecimiento económico sostenido y la generación de puestos de trabajo de calidad que nuestro país tanto necesita».