El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi presentó un programa sectorial para el próximo período presidencial de 2023 al 2027, que entre sus puntos principales propone, luego de su normalización, la unificación de los entes reguladores de la Energía (ENRE) y del Gas (ENARGAS) en un solo organismo de alcance nacional, además de la redefinición de las actividades de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), para que deje de ser «un canalizador ilegal de subsidios» y se concentre en su función específica de «realizar el despacho nacional de cargas».
La iniciativa de la entidad presidida por, Jorge Lapeña, «expone un conjunto de propuestas, que deberían ser aplicadas en forma prioritaria con vistas a un programa de gobierno» y tiene como destinatario «la opinión pública en general y los partidos políticos incluidos en el arco republicano y democrático de la Argentina representados en el Parlamento nacional», de acuerdo con lo señalado por el propio ex secretario de Energía de Raúl Alfonsín.
El Plan Energético será elaborado por la Secretaría de Energía, estará plasmado en una ley y «deberá tener como principios rectores la seguridad e independencia energética, la eficiencia energética, la equidad territorial, la diversificación de la matriz energética y la descarbonización», indicó el IAE Mosconi.
Entre los aspectos principales de la propuestas figuran:
- Se formulará un programa quinquenal de producción de petróleo en Vaca Muerta 2023-2028, que se acordará entre las provincias productoras titulares del recurso, la Nación y las empresas productoras titulares de las áreas concesionadas en las jurisdicciones provinciales.
- Lo mismo se hará con la producción de gas natural, con la formulación de un programa de certificación de reservas auditadas 2023-2028.
- Se eliminan los precios internos sostén para el petróleo crudo tipo barril criollo o similar.
- Determinación de las exportaciones de gas natural 2023-2028 que incluye: exportaciones a Brasil vía Uruguayana, sustitución de importaciones de gas boliviano, exportaciones a Chile y exportaciones de GNL a Europa.
- Cese inmediato de la intervención del ENARGAS y del ENRE y su normalización institucional; exigir a los interventores un informe detallado de las anomalías detectadas y solucionadas durante el período de intervención (2019-2023) y su envío para su consideración al congreso nacional.
- Una vez que se hayan regularizado los entes reguladores y que se hayan elevado los informes de los interventores sobre las anomalías detectadas y resueltas por las intervenciones, se proyectará la unificación de ambos en un ente único para la regulación de gas natural y la electricidad en la jurisdicción nacional.
- Se promoverá la derogación de la ley de zonas frías para el gas natural por estar basada en subsidios energéticos irracionales desde el punto de vista técnico, por ser socialmente innecesarios y por conspirar contra la eficiencia energética (pro-ricos).
- Se promoverá el incremento del uso de biocombustibles certificados (es decir que no hayan sido producidos a partir de desmonte de bosque natural) por ejemplo biodiesel, SAF, bioetanol, biometano, HVO, para todos los usos en los que puedan reemplazar a los combustibles fósiles y diversificar y descarbonizar la matriz energética del país. Se redactará una nueva ley de biocombustibles en concordancia con el plan energético nacional.
- Regularización institucional inmediata de CAMMESA. Debe dejar de ser un canalizador ilegal de subsidios del estado nacional a los actores del mercado eléctrico y concentrarse en su función específica: realizar el despacho nacional de cargas, administrar las transacciones entre los actores del mercado eléctrico mayorista (generadores; transportistas, grandes usuarios; y distribuidoras de electricidad con demanda cautiva). CAMMESA no comprará ni venderá energía, no firmará contratos de compra de centrales ni fijará sus precios, no emitirá garantías en nombre del Estado nacional de ningún tipo, no intervendrá en la compra ni en la venta de combustibles de ningún tipo y se abstendrá de intermediar entre productores de combustibles y generadores del MEM.
- Vencimiento de las concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas otorgadas en 1993. Se propone prorrogar por un año la vigencia de los contratos de acuerdo con lo previsto en los contratos de concesión.
- Se revisarán los siguientes proyectos y obras en lo relativo a la conveniencia de continuar o promover su modificación para hacerlos viables; o eventualmente, su cancelación definitiva en caso de confirmarse su inviabilidad: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Central Nuclear Atucha III, Centrales Hidroeléctricas del Río Santa Cruz, Sistema de Transporte de Alta Tensión para el transporte de la Energía Generada en los aprovechamientos Cóndor Cliff y La Barrancosa sobre el curso del río Santa Cruz, redefinición de las cantidades de importación y de los precios de importación de gas natural de Bolivia para el período 2023-2026 y decidir la segunda etapa del proyecto gasoducto Néstor Kirchner (aún no iniciado).
- Recomposición tarifaria y focalización de subsidios solo en la población vulnerable. El resto de la demanda deberá recorrer un sendero de recomposición que finalice con precios reconociendo la totalidad del costo de la energía consumida.
- Realización de una Revisión Tarifaria Extraordinaria en electricidad y gas natural en los primeros 180 días.