El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) propuso la eliminación lisa y llana del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos por considerarlo «ineficaz para revertir las asimetrías de desarrollo regional», que en la práctica «opera como un mecanismo de empobrecimiento general y de ampliación de las brechas de desarrollo» y que, en definitiva, luego de 35 años de vigencia, «benefició a los dirigentes de las provincias más pobres y empobreció a su población».
«La coparticipación no solo genera profundas distorsiones en la distribución de los fondos públicos (la más notable es la exagerada transferencia de recursos desde la provincia de Buenos Aires a las provincias del norte),sino que además distorsiona los incentivos de los gobiernos provinciales», sostuvo la entidad presidida por Jorge Colina.
En su análisis, el instituto señaló que, Catamarca, Formosa y La Rioja son las provincias más beneficiadas en la distribución de los recursos coparticipables (exceptuando a Tierra del Fuego) al recibir «casi tres veces más que el promedio de las provincias».
Sin embargo, esos beneficios no se tradujeron en mejoras económicas y sociales sino todo lo contrario: «en Catamarca el 23% de los hogares no tiene piso de material, el 45% no tiene cloacas y el 81% no tiene gas de red», porcentajes que se ubican, respectivamente, en 38%, 58% y 97% para Formosa y en 19%, 38% y 83% en La Rioja.
«Estos datos muestran que, luego de 35 años de vigencia de la ley de coparticipación, las tres provincias más beneficiadas mantienen a gran parte de su población viviendo en hogares sin piso, sin cloacas y sin conexión al gas de red», en contraposición con la Ciudad de Buenos Aires, la más perjudicada en el reparto, en la que los hogares que no tienen piso son el 2%, los que no tienen cloacas son el 1% y los que no tienen gas de red son el 6%.
IDESA reconoció que «la comparación se refiere a las situaciones más extremas, pero en el resto del país también se observa que recibir más fondos de la coparticipación no genera más desarrollo» y en consecuencia «las evidencias muestran que la coparticipación es ineficaz para revertir las asimetrías de desarrollo regional».
«La coparticipación saca recursos a las regiones más productivas del centro y sur del país para redistribuirlos a la región del norte que es la menos desarrollada. Esto aparenta ser un mecanismo de solidaridad geográfica. Pero, en la práctica, opera como un mecanismo de empobrecimiento general y de ampliación de las brechas de desarrollo», planteó.
Para la entidad, la razón de esa situación es que «quienes más plata reciben de la coparticipación, más tentaciones tienen de usar esos fondos para aumentar el empleo público y otras acciones clientelísticas que les permitan perpetuarse en el poder».
«El subdesarrollo de las provincias del norte no es culpa de las dirigencias locales. Es culpa de los incentivos que impone la coparticipación», sentenció IDESA, para agregar al respecto que «el camino más directo para cambiar los incentivos es eliminar la coparticipación».
De esa forma, la entidad propuso «volver al esquema originalmente previsto en la Constitución Nacional (de 1853) de distribución de las fuentes tributarias» y en ese esquema «el Estado nacional debería financiarse con el impuesto al comercio exterior, a los ingresos y a la seguridad social», en tanto «cada provincia debería financiarse con el impuesto a las ventas, que resulte de unificar el actual IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales, que se genere en su territorio».
«Esto cambiará radicalmente los incentivos. Quien gasta tiene primero que recaudar y para recaudar, antes, tiene que promover la generación de valor agregado en su territorio», aseguró, para remarcar luego que «la coparticipación benefició a los dirigentes de las provincias más pobres y empobreció a su población».
A modo de reparación histórica, IDESA recomendó la adopción de «un Fondo de Convergencia» con «recursos aportados solidariamente para que las provincias más pobres ejecuten un plan de desarrollo».
Ese fondo, finalizó, «debería operar como una transferencia condicionada, no como un ‘cheque en blanco’, como es la coparticipación».