BUENOS AIRES (ANP).- El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresó en la noche del martes al Congreso desató una polémica por los recortes en los fondos para asistencia por discapacidad, que podría empantanar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Al respecto, la senadora nacional Patricia Bullrich admitió su sorpresa ante la situación, al asegurar que no tenía conocimiento de los cambios incluidos en la propuesta. En diálogo con Radio Rivadavia esta mañana, se quejó por la falta de coordinación ya que la decisión no había sido consensuada, marcando una nueva diferencia del Poder Ejecutivo.
«Me sorprendió que llegara el presupuesto con recortes en discapacidad porque, estando en la mesa política, el tema no se habló y ahora llegó el proyecto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos».
En este sentido, manifestó su desagrado ya que como jefe del bloque oficialista, quedó en una incómoda posición. «Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera de algo, estando en la mesa donde se discuten las cosas, quedás como tonto o como que los engañás cuando uno llega al Congreso. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas».
Con un tono mucho más severo, Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica, criticó el proyecto en una entrevista concedida a La Voz En Vivo por el intento de modificar el esquema de asistencia social. «Creo que estamos frente a una banda de sinvergüenzas que no tienen ningún tipo de escrúpulos y que son unos verdaderos cínicos», dijo sin vueltas.
Si bien la Cámara Baja analizará el proyecto en las comisiones para emitir dictamen conjunto el 23 de septiembre, los bloques opositores buscarán pactar una sesión especial para tratar la ley de emergencia en discapacidad y asegurar la continuidad de los servicios.
El núcleo del conflicto es la eliminación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, por ejemplo, la desregulación del Nomenclador de Prestaciones Básicas que ya no incluirá valores universales, que son los que históricamente han servido de referencia a las obras sociales y prepagas que atienden a personas con discapacidad.
Además, se perderían otros derechos, por ejemplo, acceder a la pensión por invalidez en caso de contar con un empleo registrado. También se modifican aspectos claves que regulan las pensiones no contributivas, entre otros cambios.