Buenos Aires, oct 16 (ANP).- El cómputo de los $427.401 millones provenientes de los Derechos Especiales de Giro (DEG), cambió por completo el resultado fiscal de septiembre al convertir los déficits primario y financiero en superávits, ya que esos recursos fueron equivalentes a todos los ingresos tributarios del mes y al 39,3% de los ingresos totales.
El resultado financiero del mes pasado fue superavitario en $97.807 millones y el primario (sin considerar los servicios de la deuda) también fue positivo, en este caso por $136.410, pero en ambos casos hubieran sido deficitarios en $329.594 millones y $290.991 millones, respectivamente, si no se tuvieran en cuenta los recursos aportados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y transferidos al Tesoro Nacional por el Banco Central.
Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en el acumulado de los primeros nueve meses, los ingresos totales de la Administración Nacional ascendieron a $5.817.303 millones, exhibiendo una expansión de 25,4% año contra año en términos reales y de 84,6% en términos nominales.
El informe de la OPC se anticipa al que dará a conocer el 20 de octubre el Ministerio de Economía, aunque pueden existir algunas diferencias por el empleo de distintas metodologías.
Entre los impulsores de ese crecimiento se destacaron, además de los ya señalados recursos de los DEG, los ingresos tributarios (24% real y 82,5% nominal), como consecuencia del IVA y los Derechos de Exportación, y a los no tributarios (194,9% real y 334,2% nominal), a partir del ingreso del Aporte Solidario y Extraordinario desde mayo.
Por su parte, los gastos primarios sumaron $6.450.708 millones y cayeron 3,2% en términos reales (aunque aumentaron 42,5% en términos nominales), fundamentalmente por la caída de las transferencias en jubilaciones y pensiones (-7,4%), debido a los efectos de la fórmula de movilidad, y a la dinámica de los programas sociales (-45%).
En lo que respecta al gasto social, se observa el impacto de las menores erogaciones asociadas al gasto COVID-19 aplicado en 2020 (IFE y ATP), que se compensó parcialmente por el refuerzo
presupuestario en otras iniciativas tales como como el Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias, las becas PROGRESAR y el REPRO.
Los subsidios energéticos y los gastos de capital resultaron los componentes más expansivos, con variaciones de 56,9% y 71,9%, respectivamente.
Asimismo, debido a la caída interanual de los intereses de la deuda (25%), los gastos totales tuvieron una reducción más acentuada de 5,4%.
En el acumulado al mes de septiembre el déficit primario alcanzó los $633.406 millones, lo que representa una disminución de 68,8%.
Por su parte, el resultado financiero fue deficitario en $1.174.012 millones (-57,3%), mientras que el económico fue de $639.917 millones (-74,7%).
Al 30 de septiembre los gastos totales devengaron $6.991.315 millones, equivalentes al 73,2% del crédito presupuestario vigente, nivel superior al registrado en 2020, cuando alcanzó el 66%.
Sobresalen por el nivel acumulado al mes de septiembre los subsidios energéticos (88,4%) y las transferencias a universidades (80,4%), ubicándose en el otro extremo, dentro de los gastos de capital, la inversión real directa (48,5%) y la inversión financiera (58,0%).
Por otra parte, las erogaciones vinculadas con la pandemia por COVID-19 devengaron el 69,8%, mientras que las partidas financiadas con el Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaron el 70,9%.
El presupuesto inicial del ejercicio aumentó en $1.152.852 millones, cuyo destino prioritario fueron los programas sociales ($342.160 millones), los subsidios energéticos ($209.061 millones) y la inversión pública ($104.847 millones).
Al 30 de septiembre los gastos totales devengaron $6.991.315 millones, equivalentes al 73,2% del crédito presupuestario vigente, nivel superior al registrado en 2020, cuando alcanzó el 66%.