La propuesta de salario básico universal lanzada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es “inviable” por representar un elevado costo fiscal que el Estado argentino no está en condiciones de financiar y, además, porque su base de sustentación reside en un mercado laboral que acusó un fuerte deterioro en la última década.
La conclusión es el eje del último informe de la Fundación Mediterránea realizado por los economistas del IERAL Marcelo Capello y Laura Caullo, en el que se analizar los posibles escenarios en caso de plasmarse una propuesta que, por el momento, no definió su alcance en cuanto a cantidad de beneficiarios y el monto del beneficio.
Capello y Caullo señalaron que desde 2012 “la dinámica del mercado laboral en la Argentina empeoró”, ya que “mientras que el empleo asalariado formal está estancado, aumenta la cantidad de cuentapropistas, empleados públicos, desocupados e inactivos”, en un contexto en el que “además, los salarios reales también se han desvalorizado por la inflación”.
En base a datos oficiales, precisaron que en la década transcurrida la cantidad de inactivos aumentó en 1.991.000 personas, hubo 1.317.000 nuevos cuentapropistas, 1.087.000 asalariados no registrados, 730.000 del sector público y 157.000 desocupados.
Por el contrario, se redujo en 14.000 casos la cantidad de trabajadores registrados del sector privado, en 15.000 el número de patrones y en 87.000 los asalariados de casas particulares.
De esa evolución se desprenden las dificultades que habría para darle un sustento de financiación a la propuesta.
En el informe de la Fundación se señala que “la propuesta del salario básico universal podría pasar de alcanzar a los 7,5 millones de personas que actualmente reciben la Asignación Universal a ampliarse a 17 millones de argentinos, dependiendo de si se incluyeran o no las personas beneficiarias del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), quienes presentan dificultad laboral y quienes están en edad laboral pero no participan del mercado de trabajo”.
A las complicaciones de evaluar el impacto de una iniciativa que podría abarcar a 10 millones de personas más o menos, debe sumarse que “el criterio de lo que se pretende cubrir puede variar entre $ 14.401, que es el valor actual de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), a los $ 24.241, que es el monto del Ingreso Familiar de Emergencia”.
“En cualquiera de los escenarios que podrían surgir de la combinación de estos factores, la propuesta resultará inviable para la Argentina”, sostuvieron Capello y Caullo, quienes determinaron que “el costo fiscal de implementarla iría desde 1,7% a 6,6% del PBI”, que equivalen aproximadamente a US$ 6.800 millones o US$ 26.400 millones por año.
Si se optara por el menor costo entre ambos extremos, “el ajuste fiscal necesario para poder cumplir la meta de 2023 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería del orden del 2,3% del PBI”, indicaron.
Todo esto tendría que implementarse “en un contexto en que se reduce el financiamiento voluntario al gobierno argentino y crece la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional”, por lo que “añadir nuevos programas de alto gasto aumentaría la emisión monetaria y también la inflación”, advirtieron.
En cuanto a la experiencia en otros países, acotaron que “existen pocos antecedentes internacionales exitosos de un programa de estas características”.
“Finlandia aplicó la Renta Básica Universal de forma experimental durante 2017 y 2018, encontrando que, a pesar de aumentar el bienestar de quienes la recibían, no tuvo impacto significativo en la esfera laboral. En Suiza, el referéndum para aprobar la medida fue rechazado por el 76,9% de los votantes, ya que se consideró que desincentivaría el trabajo e implicaría un costo excesivo. Tanto España como Alaska cuentan con una política similar vigente, pero solo en el segundo caso se trata de una verdadera renta universal que alcanza a todos los ciudadanos. Los resultados demostraron que se generó una mejora en educación, pero no tuvo impacto en el empleo agregado”.
Los investigadores concluyeron su análisis planteando que, además de todo lo señalado, “la renuncia de Martín Guzmán generó altos niveles de incertidumbre en la sociedad argentina, por lo que la propuesta no ayudaría a generar un escenario de mayor confianza acerca de la política económica del país”.