BUENOS AIRES (ANP) Entre los numerosos puntos que integran la «pesada herencia» que le deja el presidente saliente Alberto Fernández a su sucesor Javier Milei, la distorsión de precios relativos es uno de los principales, ya que en gran parte anticipa una corrección que implicará en sí misma una mayor aceleración de la inflación para los próximos meses.
«Si la idea es avanzar en un plan de estabilización, necesariamente deben corregirse estas distorsiones», advirtió al respecto la consultora Invecq, en un análisis en el que señaló que eso se traducirá en «una mayor inflación futura».
Los números desde el inicio de 2019 -vale la pena recordar que el congelamiento de tarifas comenzó en el tramo final de la Presidencia de Mauricio Macri- dejan en evidencia ese desfase: con un nivel general de incremento de los precios al consumidor del 1.255%, las brechas entre categorías marcan un 768% para los precios regulados, 1.730% para los estaciones y 1.360 para la inflación núcleo. Es decir, el congelamiento y/o las subas «administradas» en las tarifas de servicios públicos actuaron como ancla para atenuar el alza global.
En el repaso de los rubros que integran la estructura del IPC se revela el verdadero impacto de esas regulaciones: los aumentos castigaron más a los sectores vulnerables que a los de sectores medios-altos, si se tiene en cuenta que los primeros concentran sus gastos en alimentos y los segundos cuentan con una mayor participación de servicios.
Así, debajo del promedio de inflación de 1.255% se ubicaron Vivienda, agua, electricidad, gas (675%), Comunicación (764%), Educación (979%), Bienes y servicios varios (1.015%), Transporte (1.067%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1.146%).
Arriba del nivel general estuvieron Salud (1.269%), Recreación y cultura (1.285%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1.372%), Alimentos y bebidas (1.429%), Restaurantes y hoteles (1.557%) e Indumentaria y calzado (1.746%).
La entidad presidida por Esteban Domecq recordó que en 2020 la inflación fue del 36%, luego de un 53,8% en 2019, pero no por la aplicación de un plan económico determinado sino «como consecuencia del ‘parate’ económico ocasionado por la pandemia y la cuarentena, y por la inercia de la política monetaria restrictiva de septiembre 2018-2019».
Esa baja fue transitoria, al punto que en 2021, «tras la normalización gradual de la actividad, el IPC General creció 50%, en línea con la tasa de 2019».
«El panorama cambió totalmente en 2022, y en particular durante 2023: la acumulación de desequilibrios, el constante “atado con alambres”, y la discrecionalidad de la política económica se tradujo en una notable suba de precios», destacó, para agregar que de esa forma «la Argentina ingresó en un nuevo régimen inflacionario: se pasó de una inflación promedio mensual de 3,5% en 2021, a 5,3% en el primer semestre de 2022 y 6,2% en el segundo; y, finalmente, a 7,0% en enero-julio 2023, y 11,4% en los últimos cuatro meses», por lo que «en términos anuales ya corre al 160%, valores que no se observaban desde 1990-1991».
Pero esa aceleración, aclaró Invecq, «se dio en un contexto de congelamiento de precios claves para la economía (dólar, tarifas de los servicios públicos, entre otros), que generó una creciente distorsión de precios relativos, y que se traducirá en una mayor inflación futura (si la idea es avanzar en un plan de estabilización, necesariamente deben corregirse estas distorsiones)».