BUENOS AIRES (ANP) -. El bloqueo naval de Estados Unidos contra Venezuela le da nuevos aires al gobierno chavista que en los últimos días liberó a un puñado de presos políticos como gesto de buena voluntad, tras arrestar al politólogo Nicmer Evans.
Su detención se suma a una lista de más de 1.500 personas, apresadas luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia y la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunciaron “fraude” y otras irregularidades.
Evans, director y periodista del programa digital “Punto de Corte”, fue secuestrado el 13 de diciembre en su domicilio de Caracas durante un procedimiento llevado a cabo sin orden judicial por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariana (SEBIN).
Durante los últimos comicios presidenciales, Evans, de 50 años, fue entrevistado vía whatsApp por la agencia argentina Nuevas Palabras.
El analista apoyó en sus comienzos al ex presidente Hugo Chávez, fallecido el 5 de marzo de 2013, a los 58 años, pero luego se convirtió en un acérrimo crítico de la revolución socialista.
Además de Evans, esta semana fueron detenidos los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo, y el activista Melquíades Pulidos, entre otros, informó el diario El País, de Madrid.
Desde agosto pasado, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lleva a cabo una cacería contra supuestos narcotraficantes en el mar Caribe, a los que ejecuta extrajudicialmente, incautando también buques petroleros que con otra bandera trataban de burlar un embargo contra dicho país.
Se estima que Washington ha destruido alrededor de 30 supuestas lanchas del narcotráfico y matado a más de cien personas.
La Casa Blanca considera que Venezuela le quitó su negocio del crudo, tras nacionalizarlo el primero de enero de 1976 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, después de que Washington llenara de compañías estadounidenses el lago Maracaibo en 1920.
Según la organización Human Rights Watch, con sede en Washington, el presidente Nicolás Maduro ha utilizado la presión estadounidense como excusa para desplegar el ejército, calificar a sus críticos de traidores y arrestar a decenas de personas.
A la larga lista de muertos opositores en el Helicoide, en las afueras de Caracas, se sumó recientemente Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta, un estado insular ubicado en el noreste del país. Su familia aseguró a la prensa que le negaron la atención médica necesaria.
En este contexto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se opuso a una “invasión” de Estados Unidos a Venezuela, pero, en cambio, pidió la liberación de todos los presos políticos venezolanos.
De acuerdo al Comité de Madres en Defensa de la Verdad, por lo menos 71 personas recuperaron su libertad en Venezuela en los días previos a la Navidad, pero según el gobierno chavista hubo cerca de 99 excarcelados, la cifra más alta de los últimos doce meses.
De todos modos varias organizaciones de derechos humanos coincidieron en señalar que es una medida insuficiente para pacificar el país caribeño.
Al presionar a Venezuela para sacar a Maduro del poder, Trump ha exacerbado el sentimiento nacionalista de todo el país caribeño, cuyas reservas petroleras son consideradas las mayores del mundo.
Cuatro relatores especiales de las Naciones Unidas en derechos humanos señalaron que “el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos contra Caracas violaría las normas fundamentales del derecho internacional”.
En un comunicado conjunto, difundido en la página web del organismo multinacional, advirtieron que dicha medida está prohibido por la carta de la ONU, señalando que el Estado agredido tiene derecho a la legítima defensa.
En noviembre, según la ONU, el gobierno de Trump acusó a Venezuela, incluido su presidente, de formar parte de una presunta organización terrorista extranjera, denominada Cartel de los Soles, “un entidad cuya existencia no ha sido comprobada”.
En las últimas horas, Maduro llamó al dialogo a Estados Unidos para superar la crisis. Sin embargo, Trump advirtió recientemente que si el presidente venezolano se resiste a las demandas de la Casa Blanca, “será la última vez que podrá hacerse el duro”.
Desde 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación abierta sobre Venezuela sobre supuestos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el primero de diciembre, ante la falta de colaboración del gobierno chavista, la CPI cerró sus oficinas en Caracas.
A mediados de julio de 2024 la organización Amnistía Internacional, con sede en Londres, señaló que el gobierno de Maduro lleva a cabo desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático contra la población civil, lo que a su juicio configura un crimen de lesa humanidad.
En medio de la crisis, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió que una intervención militar en Venezuela sería catastrófica para América Latina.