BUENOS AIRES (ANP).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, juzgado por el congreso tras la quiebra del principal banco privado del país, pasó de su promesa de construir un “Paraguay gigante” a ser considerado un ladrón y un mentiroso por varios de sus compatriotas.
Por eso muchos ahorristas y jubilados estafados tras la intervención de Ueco Bank (que manejaba fondos estatales) anhelan que Peña se pudra en la cárcel de Tacumbú en Asunción, donde antiguamente eran alojados los ciudadanos más pobres y desamparados.
El caso que afecta a tres millones de personas, casi la mitad de la población de 6,1 millón de paraguayos, ha sacudido las entrañas de este país sudamericano que en los últimos años se ha convertido en uno de los tigres financieros de la región.
Peña, de 47 años, renunció el jueves a su cargo pero el Congreso rechazó su dimisión para evitar que obtenga un fuero constitucional como ex presidente y senador vitalicio, y le inició un juicio político.
El Banco Central intervino el martes el Ueco Bank, tras descubrirse que el índice de solvencia de esa entidad financiera estaba por debajo del 50%.
Entre otros cargos, el mandatario está acusado de “subordinar la administración del Estado a su interés privado”, ya que fue accionista del grupo propietario de dicha entidad bancaria hasta 2025, dos años después de asumir su cargo como presidente.
Su mentor político era el ex presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, una formación que ha gobernado con algunas interrupciones la vida política de Paraguay desde 1947, incluso durante los 34 años que duró la dictadura del general Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989.
En los últimos días su padrino ideológico le sacó todo su respaldo político, señalando en un comunicado que esa agrupación “no estará del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”.
En un artículo editorial el diario Última Hora recuerda que durante la presidencia (1993-1998) del empresario colorado Juan Carlos Wasmosy (foto), Paraguay experimentó “la peor crisis financiera de su historia que se iniciaba en 1995”.
Según el rotativo asunceno, aquella situación política llevó a la quiebra a más del 50% de los bancos y más de dos tercios de las financieras que operaban en ese momento en el país.
Ultima Hora opina también que, “al igual que ahora, el Instituto de Previsión Social estuvo seriamente comprometido, pues como es sabido el IPS ha sido históricamente para los gobiernos colorados una caja chica de la que disponen impunemente”.
En cuanto a la responsabilidad que tuvo Peña en la intervención del Ueco Bank, señala que el mandatario “se demoró en dar la cara y asumir sus responsabilidades”.
Junto con el juicio político, el Ministerio Publico designó a tres fiscales que incluyeron una denuncia del 22 de octubre de 2025, ampliada esta semana, de un grupo de legisladores opositores contra Peña por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa.
El cuestionado jefe de Estado pidió una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa ante el Senado, tras ser notificado el jueves. “Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”.
Antes que desatara la peor crisis bancaria de Paraguay, el mandatario paraguayo era aliado de otros mandatarios de ultraderecha de la región, como el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kats, y solía ponderar el crecimiento económico de su país que fue del 6,6% según informes del FMI.
Al asumir la presidencia a mediados de agosto de 2023, el ahora cuestionado presidente prometió: “Que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante”.
Peña, no obstante, terminó defraudando a miles de paraguayos que en la noche del jueves pedían a voz en cuello la cárcel para el político colorado en el Centro Nacional de Prevenidos en Asunción, llamado antiguamente la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, donde en una época se hacinaban los delincuentes más peligrosos.
Sin embargo, hasta el momento no existe una orden judicial de reclusión para Peña en ese penal, que en la actualidad alberga a procesados sin condena firme.