BUENOS AIRES (ANP) Los efectos de «plan platita» en la segunda mitad del año no fueron suficientes para neutralizar el ajuste fiscal que aplicó el ex ministro Sergio Massa entre agosto de 2022 y junio de este año, en gran medida por la licuación del gasto real mediante una inflación en constante aceleración.
Pero la composición de ese ajuste deja en evidencia que esa licuación no fue homogénea ni mucho menos neutral, ya que recayó más que en ningún otro rubro que en el recorte de los subsidios a la energía y el sector previsional, tanto en las jubilaciones como en las asignaciones familiares, que siguen la nuevamente cuestionada ley de Movilidad.
Los números que acaba de dar a conocer la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) permiten comprobar que se trata en rigor de una movilidad descendente, a contramano del concepto sociológico clásico. La suma del recorte real en jubilaciones y asignaciones representa el 49,38% del total de gastos reducidos, pero si se suman a la cuenta los incrementos que contrarrestaron esas bajas, la proporción llega al 77,78%.
Del informe del organismo bicameral surge que entre enero y noviembre de 2023, el gasto financiero tuvo un recorte en términos reales de $1.364.905 millones y el primario uno de $1.401.115 millones respecto del mismo período del año pasado (en valores constantes de noviembre), lo que representa, respectivamente, ajustes del 4,1% y el 4,6%.
Como ya se expresó, ese recorte no fue homogéneo: los subsidios a la energía (-28,4%), las asignaciones familiares ( -30,7 % ) y las jubilaciones y pensiones ( -4,4 %) fueron aquellos rubros que más contribuyeron a la reducción del gasto primario», señaló la OPC, que también advirtió que en este último caso «resultó el tercer rubro de mayor contribución a la reducción del gasto dada su participación en la estructura de las erogaciones primarias (37,1%)».
A valores de noviembre, el recorte en los subsidios energéticos fue de $ 923.701 millones, pero la suma del aplicado a jubilaciones y asignaciones alcanza a una suma mayor: $1.089.780 millones. Por otra parte, la naturaleza del recorte es diferente, ya que en el primer caso apunta a subsanar la brecha entre tarifas y costos de explotación de los servicios, en tanto en el segundo implica una pérdida real del poder adquisitivo de los sectores socialmente más vulnerables.
Pese al recorte registrado en la suma de los once meses transcurridos de 2023, el informe de la OPC no pasa por alto el cambio de tendencia sobre el final, en medio de la campaña electoral.
En concreto, destacó que en el caso de los programas sociales «si bien en el acumulado a noviembre la variación interanual arrojó una baja en términos reales de 2 %, se advierte un cambio de tendencia desde el mes de agosto , a partir del cual comenzaron a reflejarse aumentos mensuales consecutivos con relación a los mismos períodos de 2022 (agosto 8 %, septiembre 23 %, octubre 48,5 % y noviembre 20,5%)» .
«Un comportamiento similar se verifica en las transferencias a provincias -agregó la entidad- , las que se redujeron mes contra mes en el período enero -julio (acumulando una caída de 28%) , pero revirtieron este comportamiento a partir del mes de agosto, registrando aumentos mensuales con relación a los mismos períodos de 2022 (agosto 27 %, septiembre 70,3%, octubre 57% y noviembre 45 ,7%) , logrando en este caso un crecimiento de 5,6% en el acumulado de 11 meses «.