BUENOS AIRES (ANP) El primer mes completo de la Presidencia de Javier Milei mostró un comportamiento selectivo en lo que respecta a los subsidios económicos, uno de sus principales caballitos de batalla en la campaña electoral, ya que los recortes se concentraron en todos los sectores con excepción del transporte público de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tanto en colectivos como en trenes, que, por el contrario, más que quintuplicaron los giros de enero de 2023.
De acuerdo con el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el total de subsidios a sectores económicos, empresas públicas y fondos fiduciarios alcanzó el mes pasado a $ 99.836 millones, un 456,9% más que el mismo mes del año pasado, es decir un 57,2% más a valores constantes.
Pero la evolución distó de ser homogénea, en gran medida por tratarse de un mes atípico en materia de transferencias, ya que tanto en enero de 2023 como en el mismo mes de este año no hubo subsidio alguno para el sector energético, el principal destino de los giros que el Estado nacional otorga en este rubro.
Si se observa lo que ASAP engloba como «otros sectores» por fuera de la energía y el transporte, se distribuyeron sólo $ 590 millones, un recorte nominal del 91,1% y real del 97,5%, con una poda absoluta para el Correo Argentino, principal empresa del rubro.
En lo que a Transporte se refiere, seguramente los recortes comenzarán a hacerse visibles a partir de febrero, mes en el que comenzó la serie de aumentos tarifarios, tanto para los servicios de jurisdicción nacional como las transferencias que en ese sentido se otorgaban a las provincias y municipios del Interior.
El sector recibió $99.246 millones, el 99,41% del total, con un incremento interanual nominal del 776,7% y real del 147,5%, una evolución que constituyó una señal de alarma en los despachos oficiales e incidió en la suba tarifaria del mes en curso.
La evolución de los subsidios en los meses venideros estará sujeta a cómo se aplicarán los ajustes tarifarios en los servicios públicos, contracara de las transferencias a las empresas, aunque se descuenta que 2024 cerrará con un significativo recorte real y muy probablemente también nominal.