Buenos Aires, feb 5 (ANP) – El gobierno de Mendoza disputo a través del decreto 114 la incorporación de productos como el durazno, la ciruela, la aceitura, el ajo y el tomate a la reglamentación de la Ley 9133 de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas en este distrito cuyano.
Para muchos productores puede ser un alivio, ya que a partir de aquí habrá que registrar los contratos de compra-venta de alimentos, lo que permitiría acelerar el cobro de este tipo de materias primas vendidas y que en algunos casos puede demorar hasta un año en el pago.
Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, expresó que la nueva normativa aporta “un avance” a la operatoria comercial que deben enfrentar los proveedores de materia prima desde las fincas mendocinas.
“Es un forma de instittucionalizar los mercados –dijo Leiva-. Creo que vamos avanzando en una forma moderna en la relación entre la producción primaria y la industria. Es una ayuda para ordenar la actividad. Esto permitirá darle mayor seguridad al productor en lo que entrega y lo que termina cobrando. Normalmente, las bodegas pagan a 8, 12 y hasta 18 meses en un contexto económico difícil. Los industriales serios, que quieren trabajar de otra manera, lo van a tomar bien”.
La comercialización de productos frutihortícolas para industria dejó de ser un acuerdo entre partes sin el debido respaldo legal, tras la sanción de la Ley 9133, que creó un Registro Único de Contratos, a fines de 2018.
Se publicó hoy en el Boletín Oficial de Mendoza la modificación al Decreto 225/19, que reglamentó la ley. Con esta nueva norma se inscribirán los contratos de compraventa de durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate que tengan como destino la industria a partir de la temporada 2019/2020.
José Luis Giuliani, productor de durazno para industria y vid, remarcó: “A mí me parece un buen avance el que se estipule una base desde donde partir. Sobre todo, el problema se observa en la producción del durazno para industria. Es que, hasta que no entregamos todo lo acordado a la fábrica, nadie sabe a qué precio se nos va a pagar. Estoy totalmente de acuerdo con esta medida”.
La Ley 9133 representa una garantía para el productor en cuanto al acuerdo de precios y formas de pago a la hora de entregar la mercadería, ya que antes de su sanción solo existían registros que funcionaban a modo de sistema estadístico.
Al respecto, Arturo Giaquinta, presidente de la Federación del Plan Estratégico del Durazno Industria (Fepedi), sostuvo: “Somos optimistas y esperamos que sea un verdadero beneficio para nosotros, que somos los principales en la cadena de valor. Espero que estas modificaciones se apliquen y que los productores puedan cobrar en tiempo y forma”.
“No venimos de buenas experiencias y, a pesar de ello, en mi caso particular, tengo todo en regla, tomo mano de obra en blanco y no cuento con ningún juicio laboral. Con esto quiero decir que, a pesar de la realidad actual del productor primario, seguimos apostando a la actividad”, añadió.