La urgencia que tiene en ministro de Economía, Sergio Massa, por reducir el gasto para cumplir con la meta de un déficit fiscal de 2,5% del PBI con el Fondo Monetario Internacional, lo lleva a fijar la atención en varios programas de los denominados “flexibles” que, a diferencia de sueldos y jubilaciones, pueden ser objeto de los consabidos recortes.
Los subsidios a la energía figuran en primer término, tanto por su voluminoso gasto como por los inconvenientes operativos que implican los atrasos tarifarios, pero hay otras partidas que están en la mira del Palacio de Hacienda.
El principal inconveniente pasa por la cerrada negativa de los funcionarios responsables de cada área y lo hacen saber abiertamente en declaraciones públicas: los gobernadores advierten que un recorte a las transferencias discrecionales (por su condición, las automáticas no corren riesgo), el ministro Gabriel Katopodis enfatizó que la obra pública no experimentará recortes y su par Matías Lammens se pronunció en el mismo sentido acerca del programa PreViaje.
Más allá de que algunas de esas declaraciones pueden formar parte del juego político y ocultar negociaciones que van en sentido contrario al que se declama, Massa sabe que las disputas pueden extenderse más de lo esperado. Sin ir más lejos, la segmentación tarifaria demandó varios meses para una implementación que, además, ya tuvo varias postergaciones en su anuncio.
En los primeros siete meses de 2022, los gastos totales de la Administración Pública Nacional ascendieron a $8.661.651 millones, con un incremento nominal del 71,5% y real (deducida la inflación del período) del 7,7%.
De acuerdo con el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) 3 de cada 4 pesos del incremento registrado (unos $3,6 billones) se concentraron solamente en tres rubros: el 27,3% correspondió a los subsidios energéticos, las jubilaciones y pensiones aportaron un 25,7% y los programas sociales un 21,8%.
Pero una investigación que vaya más allá de ese trazo grueso lleva a conclusiones sorprendentes que en el Ministerio de Economía no se pasan por alto.
El mismo informe de la OPC mostró que si bien el gasto en el programa PreViaje puede no parecer significativo al lado de otros ($14.460 millones) su incremento interanual no guarda relación con ningún otro: 850,6% en términos reales, que si se lo considera a valores corrientes llega a 1.514%, dieciséis veces más que entre enero y julio de 2021.
La información se dio a conocer casi en simultaneidad con un acto llevado a cabo en Tigre, en el que Massa y Lammens estuvieron presentes. Se desconoce si el tema fue motivo de discusión entre ambos, pero desde ya que forma parte de la agenda de Hacienda en cuanto a los potenciales recortes a llevar a cabo.
Desde ya que, además del programa insignia del Ministerio de Turismo y Deportes, otros gastos se destacan en el listado de “recortables”.
En primerísimo lugar, los subsidios destinados a CAMMESA que, pese a no haber registrado gasto alguno en julio, acumuló en los primeros siete meses $560.682 millones, con una suba real del 15,4% y nominal del 83,8%.
También se anota Energía Argentina, con $306.892 millones, que representaron un aumento real del 105,5% y del 227,4% a valores corrientes, aunque en este caso la premura por emprender las obras del Gasoducto Néstor Kirchner impedirían pasar el bisturí.