BUENOS AIRES (ANP) – La destitución del general Vladimir Padrino López refleja el buen entendimiento que existe entre Venezuela y Estados Unidos, pero la designación de su sucesor genera un gran interrogante, ya que es un militar acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
Padrino López, de 62 años, era la tercera figura importante del gobierno bolivariano detrás del presidente Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, el ministro del Interior por el que la Casa Blanca ofrece una recompensa de 25 millones dólares por cualquier información que lleve a su captura.
El funcionario fue removido el miércoles por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras ocupar durante doce años el cargo de ministro del Poder Popular para la Defensa.
En su lugar fue designado el general Gustavo González López, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), entre 2014 y 2018, y entre 2019 y 2024.
Padrino López era considerado el general más leal al presidente Maduro, capturado el 3 de enero durante una intervención militar estadounidense en Caracas, para ser juzgado por tráfico de drogas y otros cargos en Nueva York.
En 2017, el gobierno de Canadá lo castigó por socavar la democracia venezolana. Asimismo, la Unión Europea y el Reino Unido le congelaron activos y prohibieron su entrada por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos.
Su reemplazante González López, de 65 años, fue sancionado de modo personal en mayo de 2015 por el ex presidente estadounidense, Barack Obama, como “responsable o cómplice de actos significativos de violencia o conducta que constituyen un abuso o violación grave de los derechos humanos”, según informes de BBC Mundo.
González López también estuvo vinculado a la vigilancia de líderes de la oposición venezolana, según un cable de la agencia Associated Press (AP).
El militar aludido y otros seis funcionarios chavistas fueron castigados por el gobierno demócrata en momentos en que Delcy Rodríguez era la canciller de Venezuela.
En aquellos días, mientras la tensión crecía entre los dos países, fue llamado a consultas el encargado de negocios de la embajada venezolana en Washington.
El decreto de Obama, que consideraba a Caracas como “una amenaza para la seguridad nacional”, apuntaba contra los principales responsables de la represión de las protestas contra la política económica de Maduro, que en 2014 dejaron al menos 43 muertos y más de 800 heridos.
Cuando la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, dictó el pasado 26 de febrero una ley de amnistía para un grupo de presos políticos, Padrino López dijo que la nueva normativa “abrirá senderos para el perdón y la reconciliación”.
Esta semana, por otra parte, Cabello volvió a repetir que en Venezuela “sigue gobernando la Revolución Bolivariana con la hermana Delcy Rodríguez al frente”. La presidenta interina, sin embargo, ya removió a varias figuras del gabinete y de las fuerzas armadas.
Ahora, cuando Cabello o la mandataria encargada se refieren a Estados Unidos, ya no utilizan un provocador discurso antiimperialista. Incluso la ex vicepresidenta habla en buenos términos del presidente estadounidense, Donald Trump.
Desde que fue derrocado Maduro, el gobierno provisional autorizó las ventas de petróleo a Estados Unidos e inicio un confuso proceso de excarcelaciones de presos, tanto de venezolanos como de extranjeros.
A mediados de marzo, desde la cárcel del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, Maduro envió un mensaje a los venezolanos, a través de su hijo el diputado Nicolás Maduro Guerra, en el que les pide que confíen plenamente en Delcy y en su equipo presidencial.
En tanto, el grupo IDEA, una iniciativa democrática de España y las Américas que nuclea a varios ex jefes de Estado y de gobiernos de derecha señala que en Venezuela “continúan las prácticas represivas y figuras del chavismo, responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan manejando posiciones de poder”.
En un comunicado, que alude a informes de una misión independiente de la ONU, cuestionan la “amnistía selectiva” del gobierno de Delcy Rodríguez. Por lo tanto, calificaron las liberaciones recientes de presos como “poco transparentes” y además denunciaron que continúan los arrestos de líderes opositores.
En su cuenta de la red social X, el líder opositor y autoproclamado ganador de las elecciones del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia dijo que en Venezuela “persisten las detenciones arbitrarias, las denuncias graves de tortura y el espacio cívico restringido. ¡No hay garantías de cambio!”.
