Buenos Aires, feb 19 (ANP)- El listado de reclamos de las pequeñas y medianas empresas no cambia demasiado a pesar del paso de los gobierno. Tan solo se pueden agregar algunos pedidos coyunturales. Luego de la moratoria fiscal que resuelve el problema del ahogo tributario, las pymes quieren un reperfilamiento de deudas bancarias y que no se apruebe el acuerdo Mercosur – Unión Europea
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y los secretarios de Industria y Pyme, Ariel Schale y Guillermo Merediz, se reunieron con representantes de la Confederación General Empresaria (CGERA) . Los funcionarios visitaron las oficinas de CGERA en el marco de una ronda de consultas con todos los sectores productivos para conocer de primera mano la problemática de cada sector y cuál es su posición respecto del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la UE.
La nueva administración busca sustento político para cuestionar el tratado comercial firmado por el gobierno de Mauricio Macri, un objetivo que por lo menos se muestra difícil. Si bien Kulfas dice públicamente que hay que hacer un «análisis objetivo» del acuerdo, su posición personal es de alta desconfianza del mismo y de rechazo. En el fondo, busca motivos para poder recomendar al Congreso que lo desapruebe, llegado el momento. El planteo es complicado porque Kulfas no puede alegar que hubo ocultamiento de información. La anterior gestión llevó a cabo numerosas reuniones con cámaras empresarias y en el Congreso para explicar los alcances y hasta se organizaron encuentros en el interior del país. Los plazos que contempla el tratado de 15 años para la liberación de los mercados mas sensibles para Argentina, con hasta 5 años de gracia para algunos sectores también es un punto difícil de rebatir.
En la ronda de consultas se inició hace un mes y, con el encuentro de hoy con CGERA y CGE, el ministro y los secretarios recibieron las primeras devoluciones sobre cómo afecta el convenio Mercosur-UE en las PYMES locales. “Ningún país del mundo se integra en la globalización de forma ingenua. Queremos escuchar a los empresarios de todo el país para ver cuál es el impacto real de este acuerdo”, expresó el ministro ante medio centenar de empresarios.
Sobre la base de la información que cada cámara aporte se elaborará un informe que va a contar con el asesoramiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ese documento será luego entregado al Presidente, Alberto Fernández; al canciller, Felipe Solá y a los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional, que son quienes deberán definir sobre el acuerdo.
El acuerdo “en principio” –que contempla el intercambio comercial de bienes y servicios, nuevas regulaciones arancelarias y modificaciones a las condiciones sanitarias para exportaciones e importaciones, entre otras cuestiones- fue rubricado por ambos bloques el 28 de junio de 2019 pero no entrará en vigencia hasta que los parlamentos de las partes lo aprueben.
Reperfilamiento
Por otro lado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) respaldó la baja de las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas que ordenó el Banco Central.
“Desde la entidad celebramos la nueva baja de la tasa de financiación para MiPyMES dispuesta hoy por el Banco Central, pero nos preocupa la superviviencia de las empresas en crisis, que están teniendo que enfrentar intereses de deudas financieras impagables”, sostuvo el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, y advirtió: “Si no se reperfilan no podrán sobrevivir. La gestión anterior no entendió la importancia de hacerlo y se fueron cerrando un gran número de pymes”.
El stock de deuda de las pequeñas y medianas empresas con los bancos es de 236.663 millones de pesos y en dólares 2.581 millones, sumando un monto total equivalente a casi 400 mil millones de pesos. Pero no es el capital adeudado en sí lo que más dificulta su cumplimiento, sino las tasas altas que conllevan esas deudas, en un contexto donde muy pocos negocios están dando rentabilidad que permita afrontar semejantes costos.
Según estimaciones de CAME, las pymes destinan más de 16 mil millones de pesos mensuales sólo a pagar los intereses de sus deudas con bancos, sin incluir multas por moras, otros cargos, ni los pagos de capital. Eso viene derivando en atrasos permanentes, que incrementan más esos pasivos. “Directamente las empresas no pueden cumplir, como lo registra el salto en las tasas de morosidad, y quedan al borde de la ejecución, que representa la antesala de la quiebra”, remarcó Díaz Beltrán.