Las 34 empresas del Sector Público Nacional no Financiero recibieron en 2021 una asistencia del Tesoro de $719.000 millones, con algunos casos, en el sector ferroviario, en los que la autonomía financiera fue de menos del 10% de los gastos, de acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La suma -que a valores constantes en la actualidad superaría el billón de pesos- fue un 84% mayor a la presupuestada, un incremento que excedió tanto la inflación del período como la variación del tipo de cambio.
Asimismo, representó el año pasado el equivalente al 1,5% del PBI, consignó la OPC en su último informe especial.
Esas empresas «suman un total de 111 mil empleados, equivalentes al 39% de las plantas permanentes y transitorias de la Administración Nacional, con remuneraciones semejantes a las firmas privadas del rubro», agregó la entidad bicameral.
La clasificación no incluye a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que fue por lejos la principal receptora de subsidios en los últimos quince años, debido a que «no es una empresa con fines productivos» y si bien «se trata de una suerte de ente semipúblico singular», no es una empresa pública «equiparable a las demás consideradas en este trabajo», explicó la OPC.
El panorama de las empresas en cuanto a su autonomía financiera (es decir, la participación de recursos propios sobre el total) es notoriamente heterogéneo, con seis casos en los ese nivel es del 100% (YPF, COVIARA, INTEA, YMAD, VEN y Playas Ferroviarias de Buenos Aires) y cuatro (todas del sector ferroviario) con menos del 10%: SOFSE, DECAHF, Ferrocarriles Argentinos y ADIF.
La OPC aclaró en su investigación que «en muchos casos los déficits no se deben a ineficiencias sino a políticas públicas de tarifas que influyen en sus ingresos» y destacó al respecto a ENARSA (con un 40% de autonomía financiera), AYSA (19,2%) y OPERADORA FERROVIARIA(7,4%).
También indicó que «las empresas públicas ejecutan casi el 60% de la inversión real directa del sector público, básicamente AySA, Enarsa y ADIF» y que a su vez «no hay mecanismos para asegurar el cumplimiento de leyes que ordenan al Tesoro no transferir fondos a empresas cuyos presupuestos no estén aprobados por el Ejecutivo».
«Los riesgos fiscales originados por las empresas se explican principalmente por dos juicios en Estados Unidos contra YPF por su proceso de nacionalización y por daños ambientales, ya que las garantías soberanas y deudas financieras y comerciales del sector no son relevantes», señaló.