Buenos Aires, (ANP) – Los empresarios de la industria y las compañías de seguro insistieron hoy en reclamar a las provincias que adhieran a la ley de riesgos del trabajo y que en ese contexto, constituyan los cuerpos médicos forenses para evitar que se vuelvan a multiplicar los juicios laborales.
Tras su reunión quincenal, la Junta Directiva de la UIA advirtió sobre el crecimiento de la litigiosidad en materia laboral relacionada con accidentes laborales y pidió generar cuerpos médicos forenses provinciales.
Además, se volvieron a marcar los altos costos portuarios que afectan la competitividad y se presentaron los indicadores industriales de los meses de julio y agosto.
«El departamento de Política Social presentó los indicadores sobre el aumento de la judicialización y su impacto en el sector productivo en hechos relacionados con accidentes laborales. Al respecto, se destacó que en agosto de este año se notificaron a las ART 13.750 juicios, mientras que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709″, dice la nota.
El comunicado dice que «la comparación con agosto de 2023 muestra un aumento de 12,3%, mientras que en contraste con el acumulado de 2023 el incremento representa un 5,8%».
«Por su lado, los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos como producto de los esfuerzos que realiza el sector empleador, trabajador y gubernamental para minimizar la incidencia de los factores de riesgo mientras que los juicios aumentaron un 25%», se quejaron los industriales.
La Junta de la UIA indicó que «en función de generar iniciativas que permitan dar respuestas integrales a la problemática del incremento de la litigiosidad y el consecuente aumento de las alícuotas, las autoridades coincidieron en la necesidad de que se conformen los cuerpos médicos forenses provinciales». «Estos pedidos se encuentran incluidos en la ley 27.348, sancionada en el año 2017», indica el texto..
«La constitución de los cuerpos médicos forenses es el último eslabón de la Ley de Riesgos del Trabajo, pendiente aún de cumplimiento en casi todas las jurisdicciones provinciales, así como en la justicia nacional del trabajo. Cumplir con el texto de la ley es un paso fundamental para consolidar los esfuerzos realizados por el sector productivo para mejorar las condiciones de trabajo y promover una cultura de prevención y erradicar definitivamente la llamada industria del juicio”, dice el comunicado.
Mendoza es la única provincia que cumple con la Ley
Hasta ahora la única provincia que ha dispuesto de un sistema para desalentar la litigiosidad laboral es Mendoza, que tiene constituidos los cuerpos forenses que cobran honorarios fijos, desligados del resultado de los juicios.
Es de recordar de que a pesar de que en función de la Ley de Riesgos del Trabajo, en las provincias ya funcionan las comisiones médicas que establecen el grado de daño que puede sufrir un trabajador en un accidente laboral, en muchos casos, los empleados afectados deciden no aceptar los importes que ofrecen las ART y siguen el proceso legal ante la Justicia, donde los jueces establecen honorarios para los peritos forenses vinculados al resultado del juicio, lo que incita a litigar e incrementa los costos.
Las ART advierten por la crisis del sistema
Desde la UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo informaeron que «el aumento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo es una amenaza que urge resolver».
«No hay tiempo para más dilaciones. A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, de la menor gravedad de los mismos, de la atención inmediata, oportuna e integral, de la actualización permanente y automática de las indemnizaciones dinerarias y de las reformas normativas en línea con la jurisprudencia, los reclamos judiciales no dejan de crecer. Una paradoja difícil de explicar: menos siniestros y mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios», dice la UART.
La entidad señala que «la solución a este gravoso contrasentido está en las manos de las máximas autoridades del Poder Judicial de cada una de las provincias adheridas a la Ley y de la Corte Suprema de Justicia para CABA».
«Consiste, como lo prevé la Ley 27348/17 de Reforma del Sistema, en que en cada poder judicial de las provincias adheridas se cree el correspondiente Cuerpo Médico Forense: con profesionales elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia y que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos», dice la entidad.
En ese sentido, señala que «de esta manera, tanto por vía administrativa, como por la judicial, se llegaría a resultados coincidentes, con lo cual carecería de sentido litigar».
«Ambas instancias medirían con la misma vara. Por el momento, la única provincia que los constituyó fue Mendoza, con primeros resultados alentadores. Esperamos que las restantes provincias más CABA cuenten con estos cuerpos a la mayor brevedad.», dice la UART.