BUENOS AIRES, MAY 3 (ANP)- El personal de salud y los pacientes han sufrido las consecuencias de miles de ataques contra los sistemas sanitarios en los casi cinco años transcurridos desde que el Consejo de Seguridad instó a ponerles fin, según los datos recogidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en países afectados por conflictos y por otras emergencias.
Los ataques sufridos por el personal de salud, los heridos y los enfermos incluyeron homicidios, abusos sexuales y físicos, saqueos y destrucción de instalaciones y vehículos sanitarios. También se documentaron casos de obstrucción de los servicios de salud, como por ejemplo impedir la realización de campañas de vacunación o el paso de ambulancias por puestos de control.
El CICR contabilizó 3.780 ataques en un promedio de 33 países por año, entre 2016 y 2020; dos terceras partes de los ataques e incidentes se registraron en África y Oriente Medio. Los países donde el CICR registró el mayor número de incidentes fueron Afganistán, República Democrática del Congo, Israel y los territorios ocupados y Siria. Debido al reto que implica recoger datos de este tipo en zonas de conflicto, es probable que las cifras totales del CICR sean inferiores al número real de ataques cometidos.
«El mundo no ha logrado que la protección de las personas heridas, enfermas y agonizantes sea una prioridad. La asistencia de salud es un tema que recibe atención de la comunidad internacional; sin embargo, no se hace lo suficiente para proteger al personal y los establecimientos sanitarios», dijo el presidente del CICR, Peter Maurer. «Lamentablemente, cada uno de esos ataques significa que más personas se quedan sin recibir la atención sanitaria que tanto necesitan. Los portadores de armas deben respetar el valor universal y el derecho a la atención de salud consagrados por el derecho internacional humanitario.»
El 3 de mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución sobre la protección de la asistencia de salud en situaciones de conflicto. La resolución 2286, que logró el apoyo de 80 Estados, contempla medidas que los Estados podrían adoptar para mitigar esos ataques. Cinco años después, el acceso a la atención sanitaria sigue viéndose impedido por el incumplimiento del derecho internacional humanitario y por la obstrucción o la criminalización de la prestación de servicios de salud en algunos casos. Además, la implementación de las medidas establecidas en la resolución ha sido insuficiente.
«Falta voluntad política e imaginación cuando se trata de proteger al personal de salud y a los pacientes. Los Estados que deseen ver avances al respecto deben liderar con el ejemplo», dijo Maciej Polkowski, jefe de la iniciativa del CICR «Asistencia de salud en peligro», que procura garantizar el acceso seguro a la atención de salud en conflictos armados y en otras emergencias.
Los esfuerzos por reducir la violencia en los establecimientos sanitarios son efectivos. El CICR se asoció con administradores hospitalarios en un país del sur de Asia para reducir el número de armas ingresadas en la sala de urgencias. Después de cinco meses de implementación del programa, el número de armas interceptadas antes de que fueran ingresadas en la guardia aumentó de 2 a 42 por mes, lo que redujo el riesgo para el personal y los pacientes.
A continuación, otros ejemplos positivos:
El Salvador – El CICR y la Cruz Roja Salvadoreña reunieron a diferentes actores que participan en la respuesta médica de emergencia a las víctimas de la violencia armada y lograron una mejor coordinación y un refuerzo de las competencias del personal de salud.
Líbano – En Ein el Helweh, un campamento de refugiados palestinos con alta densidad de población donde operan varios grupos armados, el CICR logró que varios actores armados firmaran declaraciones unilaterales de respeto del sistema y el personal de salud. El texto de las declaraciones fue elaborado conjuntamente con los grupos a partir de un modelo propuesto por el CICR; inmediatamente se observaron varios cambios positivos.
A lo largo del último año, la pandemia de COVID-19 puso aún más en evidencia la importancia de la protección del personal y el sistema de salud, no solo porque la asistencia sanitaria es crucial para las sociedades, sino también porque surgieron nuevas tendencias de violencia y estigmatización. De febrero a julio de 2020, el CICR registró 611 incidentes violentos contra trabajadores de la salud, pacientes e infraestructura sanitaria relacionados con la respuesta a la COVID-19, cifra que supera el promedio en un 50 por ciento, aproximadamente.
Para dar solo un ejemplo, en un centro de salud rural en el sudeste de Colombia, un grupo armado amenazó a un médico que atendió a un paciente de COVID-19, que luego falleció. Esas amenazas obligaron al médico a desplazarse de la región, lo que privó a los residentes de recibir atención de salud.
Los ataques violentos son desgarradores tanto para los pacientes como para el personal. Filippo Gatti estaba trabajando como enfermero de pediatría en un equipo médico del CICR en Sudán del Sur cuando un combatiente irrumpió en el quirófano y le apuntó en la cara con un fusil AK-47 para saber si un combatiente enemigo estaba recibiendo ayuda.
«Lo llevé hasta la puerta y le mostré a una mujer en la mesa del quirófano, un golpe de suerte,» dijo Gatti, ahora jefe de enfermería. «Después me dijo: ‘Se tienen que ir. Vamos a volver y los vamos a matar a todos’. Actuamos rápidamente y le dimos el alta a todos los pacientes que pudimos, pero regresaron y mataron a doce pacientes que estaban postrados en cama, uno de los casos de violencia más horrendos que se pueda imaginar.»