Buenos Aires, jun 1 (ANP)- La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reclamó hoy al Gobierno y la Cámara de Diputados la adopción de una normativa con “procedimientos de emergencia” para evitar que la “conflictividad latente” que generan la pandemia del coronavirus y la parálisis de actividades por la cuarentena derive en una serie de embargos, ejecuciones y conflictos laborales que produzcan el “colapso” del Poder Judicial.
En una nota enviada al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la CAC sostuvo que es “fundamental contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de la conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad”.
Por tal razón, la entidad presidida por Jorge Di Fiori reclamó “la adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia”, al considerar que una iniciativa de esa naturaleza “preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un Poder del Estado con dificultades de larga data”.
Las cinco medidas con las que la CAC sintetizó su propuesta son las siguientes:
1.- Creación de una instancia administrativa específica con facultades conciliatorias que funcione como espacio alternativo de solución de controversias previo a la judicialización del conflicto.
2.- Suspensión temporal de medidas cautelares, embargos, inhibiciones, ejecuciones basadas en obligaciones incumplidas en el curso (o como consecuencia posterior) de la aplicación de medidas de emergencia dictadas por los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
3.- Regulación normativa del proceso de regularización del endeudamiento con los fiscos, para permitir recuperar la recaudación sin destrucción de empresas.
4.- Adecuación de la legislación aplicable en materia concursal en relación con la situación de emergencia pública sanitaria.
5.- Determinación de esquemas de financiamiento de los pasivos con el sistema financiero, incluyendo a las tarjetas de crédito.
La entidad consideró que la adopción de esas medidas “colaborarían con la protección de la trama empresaria de nuestro país, lo que a su vez favorecería al conjunto de la economía nacional”.
En ese sentido, advirtió que “es esperable” que en los próximos meses se atraviese “una situación económica y social crítica”, por lo que resulta necesario “anticiparse a las derivaciones de la crisis en curso”.