Buenos Aires, sep 14 (ANP).- La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se sumó a los rechazos de diversas organizaciones al denominado “impuesto a la riqueza” que impulsa el Gobierno y afirmó que “la reducción del déficit fiscal debería lograrse a través del combate a la evasión y de una progresiva baja del gasto y no mediante nuevos tributos”.
La CAC “manifiesta su preocupación ante el proyecto de ley para establecer un “aporte solidario y extraordinario”, popularmente conocido como “impuesto a la riqueza”, que mediante una nueva carga sobre las personas humanas con grandes patrimonios incrementaría una presión impositiva ya de por sí muy elevada”, dijo la entidad a través de un comunicado.
La CAC “entiende que la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también que antes de avanzarse con una obligación extra debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente, como lo son el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales, gravando este último los mismos bienes sobre los que se intenta aplicar el gravamen que se proyecta y cuyas alícuotas se incrementaron en hasta 9 veces en el último año.
Asimismo, la Entidad “está convencida de que la expansión de la actividad, la reducción de la pobreza y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen con el riesgo adicional de generar algún grado de éxodo tributario a jurisdicciones con un tratamiento más favorable”.
“La CAC considera que la reducción del desequilibrio fiscal demanda una paulatina baja del gasto público, a través de la supresión de ineficiencias varias y de una progresiva sustitución de los programas de asistencia –muy necesarios en la emergencia– por empleo privado genuino”.
Además, la entidad apunta que en materia de ingresos fiscales “se requiere una reforma tributaria integral que consolide la progresividad del sistema, resuelva su extrema complejidad, provoque la disminución sustancial de la informalidad –que constituye una competencia desleal para los que sí cumplen con sus obligaciones–, incentive la inversión, promueva la creación y el desarrollo de empresas y armonice asimetrías territoriales y de dimensión”.