Buenos Aires, feb 23 (ANP) – Esta medianoche vencerá el plazo para que las 11 empresas de primera línea imputadas por desabastecimiento por el Gobierno hagan su descargo. Algunas ya completaron el trámite administrativo y los datos aportados están siendo analizados por la Secretaría de Comercio Interior.
Fuentes de la dependencia a cargo de Paula Español informaron que algunas de estas empresas pidieron una prórroga para presentar su información y les fue denegado.
En caso de que las explicaciones que brinden las firmas no satisfagan los requerimientos de las autoridad, pueden sufrir la aplicación de multas. No obstante, como se trata de un proceso administrativo, las empresas acusadas pueden recurrir a la Justicia comercial para rechazar los cargos.
La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior imputó a empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo.
La imputación es un proceso administrativo. Implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) y debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación.
Si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo. Si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
El objetivo principal de estas imputaciones es que las empresas restablezcan los niveles de producción y stock, y que tomen las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los productos en los comercios.
Las empresas imputadas son:
-Mastellone
-Fargo
-AGD
-Danone
-Molinos Cañuelas
-Bunge
-Molinos Río de la Plata
-Unilever
-P&G
-Paladini
-Potigian
Todas las empresas fueron notificadas por el sistema de Trámites a Distancia. Las imputaciones se realizaron por la presunta infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos) que conforma un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento.
Las sanciones posibles van desde los $500 a $10.000.000. El objetivo, de todos modos, no es sancionar sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta.