BUENOS AIRES, DIC 29 (ANP) – Para las empresas argentinas, sobre todo las del rubro industrial, el Impuesto a los Ingresos Brutos que perciben las provincias, es uno de los elementos más tóxicos en la ecuación de la competitividad. Algunos analistas estiman que ese tributo le agrega entre 7 y 8 puntos a los precios finales, porque se trata de un tributo a la facturación que se cobra en cada paso de la cadena, desde el productor primario hasta la mesa del consumidor. Es por ello que en la Unión Industrial Argentina (UIA) están en alerta en relación al Pacto Fiscal, que habilitó la posibilidad de un incremento de la carga fiscal.
El próximo 4 de enero, la cúpula de la central fabril, encabezada por Daniel Funes de Rioja, le planteará estás objeciones a la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, una bonaerense que estuvo en el cargo de Ministra de Economía.
José Luis Ammaturo, titular de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Metalúrgica Argentina (CAMIMA), integrante del Comité Ejecutivo de la UIA, manifestó el rechazo de los empresarios a un potencial incremento de la carga tributaria para el sector.
«Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Metalúrgica Argentina (CAMIMA), en acuerdo con la posición de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), manifestamos nuestro rechazo al nuevo Consenso Fiscal el cual establece mayor carga tributaria al sector productivo», señaló.
Sostuvo que «el Consenso Fiscal 2022, que el Poder Ejecutivo Nacional puso a consideración de los gobernadores en el día de ayer por la tarde, genera enorme preocupación en el sector industrial debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017″.
«Específicamente en el sector industrial, que debería quedar exento del impuesto en el año 2022 de acuerdo al acuerdo original firmado en 2017, mantiene un tope de alícuota de 1,5%. Cabe aclarar que varias provincias incrementaron incluso sus alícuotas en los últimos años, aprovechando que se encontraban por debajo del máximo permitido», indicó.
Ingresos brutos es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos del sistema tributario argentino actual. Al igual que el IVA, su carácter regresivo se debe a que no sólo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo.
Por su parte, su aplicación en cascada lo hace distorsivo, ya que se incorpora como un costo y por lo tanto es trasladado a precios. Es decir, el impuesto a los ingresos brutos grava varias veces el mismo valor agregado -por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal- y se toma como costo de producción presionando sobre los precios.
A todo esto se suma un costo administrativo muy elevado por ser el impuesto con mayor cantidad de regímenes de recaudación del país y con heterogeneidad de características en las distintas jurisdicciones. La existencia de diversos regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, además, hace que la alícuota efectiva que enfrenta cada empresa sea mayor que la que grava su actividad, ocasionando saldos a favor de difícil recuperación, que pierden valor con el paso del tiempo producto de la inflación (ya que no se actualizan).
El impuesto a los ingresos brutos tiene un impacto especialmente negativo en las exportaciones argentinas, por el costo incremental que genera en la producción local. En los sectores transables, como el industrial, la baja del impuesto a los ingresos brutos es muy relevante para la competencia con productos extranjeros, tanto al exportar como para competir frente a las importaciones en el mercado interno.
«Tanto la Provincia de Buenos Aires en particular, como la Argentina en general, requieren multiplicar las exportaciones, fomentar la inversión y generar mayor empleo formal. El Consenso Fiscal 2022 va en sentido contrario de las medidas que se necesitan para sostener la recuperación e impulsar la reactivación económica. Este acuerdo de la Nación y las provincias generará incrementos de la presión tributaria al sector transable con un impuesto distorsivo que tiene numerosos impactos negativos ya conocidos para la economía de nuestro país», señaló el empresario.
Rechazo de contadores
Vicente Lourenzo, asesor tributario especializado en pymes y miembro de la Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que «la pyme en la actualidad es rehén de sistemas tributarios provinciales que provocan una apropiación indebida de impuestos a través de Regimenes de retención y/o percepción del impuesto a los ingresos brutos»
Como consecuencia de ello padece retenciones en provincias que no guarda relación con la actividad desarrollada y, como el caso de la Pcia del Chaco que crea la figura de “contribuyente presunto”, genera saldos a favor en Provincias que no está inscripto y de casi imposible recupero por la pyme socavando un capital de trabajo cada vez mas exiguo
Por lo expuesto, la pyme NO tiene margen para que le sigan aumentando las alícuotas del impuesto, como se dejo trascender, y por ende tampoco de soportar “nuevos” tributos
Puntos negativos
Otro aspecto de preocupación del nuevo Consenso Fiscal, es que consigna que las provincias procurarán establecer un impuesto sobre la herencia a lo largo del 2022.
Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares.
Además, este tipo de impuesto generaría doble imposición en nuestro país con el impuesto sobre los bienes personales. Los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa. Es decir, se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos, porque esto genera una doble imposición sobre la misma base imponible.