BUENOS AIRES (ANP).- El exministro de Justicia Germán Garavano subrayó hoy que la denuncia por violencia de género y la investigación en torno a una supuesta contratación ilegal de seguros que envuelven al expresidente Alberto Fernández generan «una situación humillante para el país», y anticipó que habrá que evaluar cuidadosamente la responsabilidad de los funcionarios públicos que pudieron haber estado al tanto.
En una entrevista con CNN Primera Mañana, el exfuncionario remarcó la embarazosa situación planteada para el país por la acusación contra el exmandatario por violencia física «más allá de las pruebas y de que va a comenzar un proceso judicial», a la vez que aclaró que sobre el rol de otros funcionarios públicos «habrá que hacer distinciones» y tener en cuenta las características de cada uno de los delitos que se le achacan.
«Estamos frente a un hecho inédito, sacando (el caso de) los médicos en los hospitales y circunstancias de ese tipo, este tipo de delito no toman conocimiento los funcionarios públicos en su tarea», explicó.
En este sentido, Garavano señaló que por un lado está la causa de corrupción «que es un caso grave, con numerosos elementos de prueba que vinculan al expresidente y a su entorno y que se investigarían varios delitos», pero que tiene la particularidad de darse en paralelo con la causa por violencia contra la exprimera dama, «que tiene otra lógica».
El exministro explicó que se trata de un delito a veces con penas menores pero que ahora tiene detrás «una doctrina judicial construida en esta última década, en donde trabajó la misma Corte, que generan un proceso bastante más gravoso en cuanto a las restricciones a los victimarios, las posibilidades de que los procesos avancen más rápido y la imposición de penas efectivas», observó.
En este punto, Garavano afirmó que debido a que se trata de algo inédito, sin duda se abrirá una ardua discusión en torno a la obligación legal de un funcionario de denunciar un delito de estas características, aunque recalcó que el ocultamiento sin duda coloca a cualquier servidor público en el lugar de violación de sus deberes.
«Es inédito que un presidente esté involucrado en un hecho de estas características, que habrían sucedido en parte de la residencia presidencial. Entramos en una zona donde habrá una clara discusión jurídica en hasta qué punto los funcionarios públicos tienen la obligación o no de denunciar e investigar estos hechos», indicó.
Sin embargo, también agregó que «claramente, el hecho de que esto se haya mantenido en secreto y se haya ocultado, a un funcionario público lo pone en violación de sus deberes. No puede participar de un ocultamiento de un hecho delictivo de estas característicos, ni jurídica ni moralmente».
Para el país, los últimos acontecimientos que rodean a Fernández deja a la Argentina «en una situación atónita y de no creerlo, al final del día no dejan de ser hechos de corrupción en sentido amplio, en una presidencia mala y que fue la peor en sistemas democráticos que tuvimos en el país», finalizó.